Economía para críticos e indignados

del

Proposición no de ley para la reforma del sector financiero

Escrito por matoeconomia 22-12-2012 en General. Comentarios (0)

11 de Febrero de 2011

Propuesta de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y por una Banca Pública para una proposición no de ley para una reforma alternativa del sistema financiero.

 

 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

 

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente

 

Proposición no de Ley sobre reforma del sistema financiera y creación de un Polo de Banca Pública, mediante la nacionalización de las Cajas de Ahorro y sus Bancos participados, para su debate en Pleno.

 

El gobierno se dispone a plantear ante esta Cámara medidas legislativas para la reforma del sistema financiero español. Por lo anunciado, esa reforma se fundamenta en profundizar las medidas adoptadas hasta ahora y en estimular los procesos de fusión y adquisición como única vía para garantizar la solvencia de las instituciones financieras.

 

Pero, las medidas adoptadas hasta el momento han mostrado reiteradamente su ineficacia. No solamente la situación del sistema financiero no ha mejorado, sino lo que es más importante, el crédito sigue sin fluir hacia las mayoría de las empresas españolas, especialmente aquellas en cuyo capital social no intervienen los Bancos y, sobre todo, hacia las pequeñas y medianas empresas. Tampoco llega crédito a las familias.

 

Por otra parte, el incremento del tamaño de las instituciones financieras no parece un objetivo deseable. Como ha demostrado la experiencia, el riesgo de que los problemas financieros de Bancos demasiado grandes se conviertan en riesgos sistémicos es real.

 

El papel económico que ha desarrollado históricamente la Banca en una sociedad de mercado hoy no se cumple en España y ello, pese a que todas las medidas adoptadas hasta el momento bajo el argumento de superar la crisis han tenido como beneficiario directo o indirecto al capital financiero.

 

Las ayudas directas recibidas por el sistema financiero español hasta diciembre de 2011 se estiman en 141.000 millones de euros, de los que un poco más de la mitad son avales, a los que hay que añadir la apertura de una nueva línea de avales por importe de 100.000 millones de euros mediante el Real Decreto-Ley 20/2011. En total, más del 22% del PIB destinado a ayudas a Bancos y Cajas sin que haya habido una mejora en el crédito disponible ni un cambio significativo en los gestores y en los modelos de gestión, que han producido incluso alarma social con las retribuciones, indemnizaciones y pensiones cobradas por directivos, incluidos los de las instituciones que han recibido importantes ayudas.

 

A ello hay que añadir las líneas de crédito puestas a disposición de los bancos europeos al interés oficial del dinero del BCE (1%) por importe de 500.000 millones de euros y a tres años, sin que, nuevamente, esto haya significado un incremento significativo del crédito a empresas y familias.

 

Todo ello, además, representa importantes costes para los contribuyentes en un momento en el que la crisis se agrava, el desempleo se acerca a los 5,3 millones de parados, el PIB descenderá significativamente según la previsión de Banco de España y del Fondo Monetario Internacional y las perspectivas de recesión se hacen más que probables.

 

Puede argumentarse que las ayudas y los avales a la Banca son remunerados y que el Tesoro Público recibe unos ingresos por ello. Será cierto, aunque habría que comprobar cada caso y especialmente los de las instituciones en quiebra técnica. Pero lo importante no es eso. Hay que hablar de los costes de oportunidad. ¿Qué impacto hubiera tenido sobre la economía real y el empleo y, por tanto, sobre los ingresos públicos, que estos recursos hubieran sido dedicados a políticas de empleo, a avalar a las empresas en sus proyectos de inversión o a financiar el pago de las deudas de las administraciones públicas a sus proveedores?

 

En el terreno legislativo, el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio de 2009, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de

Crédito, que creaba el Fondo de Reestructuración Bancaria; el Real Decreto-ley 11/2010 que modificaba profundamente el sistema de Cajas de Ahorro, impulsando la bancarización y privatización de las mismas, y el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, han demostrado sus limitaciones al no abordar los problemas centrales de las instituciones financieras españolas. Incluso la entrega al capital financiero privado de la mitad del ahorro y del crédito del país, que gestionaban las Cajas de Ahorro, a un precio irrisorio, operación que pasará posiblemente a la Historia como el expolio económico más gigantesco de la época contemporánea, no han resuelto la situación.

 

El rio de ayudas financieras, la entrega de los activos de las Cajas de Ahorro y las restantes modificaciones legales aplicadas hasta ahora han demostrado ser ineficaces.

 

Pero es cierto que la actual situación de profunda crisis económica ha evidenciado la necesidad de afrontar reformas del sistema financiero. El sistema financiero ha abandonado su función social a la hora de intermediar entre el ahorro y las necesidades de las familias y empresas, siendo preciso potenciar instrumentos públicos de intervención en el mercado financiero para mejorar dicha intermediación y para evitar que la crisis de la banca privada se transforme en sistémica.

 

Por otra parte, el sobreendeudamiento familiar, los desmesurados incentivos vinculados de los directivos de las instituciones financieras, la falta de crédito, los abusos en materia hipotecaria y la necesidad en justicia de modificar la legislación hipotecaria, la importancia en el balance de los Bancos y Cajas de suelo y pisos que no se podrán vender en las condiciones actuales, las elevadas comisiones, la opacidad de los productos financieros, la actividad desde y hacia los paraísos fiscales, y la enorme deuda externa de las instituciones financieras, son cuestiones que deben ser abordadas profundamente con una filosofía y un enfoque práctico diferentes a los aplicados hasta ahora.

 

No podrá fluir el crédito que necesita la economía española si no existe un polo de banca pública, desligado del modelo de operaciones financieras especulativas que han llevado al sector a la crisis, gestionado y controlado democráticamente, sometido al interés general y al servicio del desarrollo sostenible y creador de empleo de calidad.

 

No será posible una reforma del sistema financiero privado sin que se aborde su subordinación al interés general establecida en el artículo 128 de la Constitución Española.

 

Los intereses del capital financiero no pueden primar sobre las exigencias de una salida social de la actual crisis económica. Tampoco sobre los de la economía real. En el nuevo modelo económico que es necesario construir entre todos, el capital financiero no puede seguir siendo el factor dominante desde el punto de vista económico y cuya influencia política es determinante en la toma de decisiones.

 

La economía española no necesita una gran banca sobredimensionada con relación a su tamaño y necesidades, incluidas las del sector exterior. Pocas entidades privadas de gran tamaño reproducirán por su propia lógica la situación actual: seguirán actuando con exceso de riesgo porque después si hay dificultades serán “salvados” porque serán demasiado grandes para dejarlas quebrar en la lógica del mercado. Sería suicida reproducir esas condiciones y, por tanto, irresponsable aceptar esas exigencias.

 

En consecuencia, planteamos al Gobierno que el saneamiento de la Banca Privada se realice con el menor coste para el contribuyente, procediendo en primer lugar, si fuera necesario, a la venta de activos y sólo después a la intervención pública.

 

En todo caso, la intervención pública generará derechos políticos proporcionales en la dirección y gestión de las instituciones que reciban las ayudas, sin perjuicio de las competencias del Banco de España.

 

La necesidad de un polo de Banca Pública es evidente si se quiere hacer fluir el crédito. Países poco sospechosos de intervencionismo estatal, como Francia, han creado reciente un Banco de la Industria, de propiedad pública, para facilitar el crédito necesario a proyectos de inversión.

 

Afortunadamente, en España contamos con el sistema de Cajas de Ahorro, que hasta hace poco tiempo no tenía participaciones privadas, su proceso de bancarización está todavía en una fase incipiente con una limitada participación del capital privado y, en algunos casos, existen Cajas nacionalizadas de facto. La aprobación y aplicación del Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, se hizo y está haciendo sin previo debate cívico y social, y sin debate parlamentario. No ha mejorado su situación de solvencia y está en riesgo la Obra Social.

 

A lo largo de los años, las Cajas de Ahorros han promovido el ahorro popular, han universalizado el acceso a los recursos financieros, han fomentado las dinámicas empresariales y el uso de nuevas herramientas financieras, al tiempo que desarrollaban una obra social contribuyendo al bienestar social y para evitar la exclusión social, hasta convertirse en las principales entidades financieras del país, gracias a una activa participación de la sociedad civil y de las administraciones territoriales. La primera oleada de fusiones y bancarizaciones de las Cajas han producido han destruido 13.400 empleos, la mayoría mediante prejubilaciones, cuestión ésta que va en la línea opuesta de las proclamas del gobierno para alargar la edad efectiva de jubilación. Y tampoco parece la medida más eficiente ya que el coste medio es de 300.000 euros por trabajador.

 

Cabe también recordar que las obras sociales financian programas de importancia para la cohesión social. La supresión de la obra social afectaría gravemente a las políticas sociales en curso, desbordando la capacidad de las entidades y las administraciones, debilitando las herramientas que contribuyen a reducir la exclusión social y financiera de la ciudadanía. Conviene evitar que se produzca una apropiación particular de los excedentes aplicados en este ámbito y que se minoren sus recursos.

 


Por todo ello, se presenta la siguiente

 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 

 

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar un proceso para reformar profundamente el conjunto del sistema financiero español. Una parte central de esta reforma debe ser la creación de un Sistema de Banca Pública, nucleado por el Instituto de Crédito Oficial y del que formen parte las Cajas de Ahorro, los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) constituidos y sus Bancos participados, mediante su nacionalización, en aplicación del artículo 128 de la Constitución Española.

 

1.- Los objetivos esenciales de esta reforma deberán ser:

 

a)      Que el sistema financiero cumpla su función en la economía facilitando con eficiencia y a costes competitivos las necesidades de crédito de las empresas y las familias, y contribuyendo a la creación de empleo.  Para ello es imprescindible que se establezcan las necesidades reales de capital de las entidades financieras y que los estados financieros de las entidades reflejen la imagen fiel del patrimonio de las mismas.

 

b)      Limitar el sobreendeudamiento familiar; reducir los salarios de los directivos y eliminar los incentivos vinculados a las operaciones de riesgo; modificar el mercado hipotecario para que sólo se responda de los créditos con el bien hipotecado; limitar y controlar las inversiones en actividades especulativas, especialmente en el sector inmobiliario, y las operativas bancarias hacia y desde paraísos fiscales; y a eliminar comisiones injustificadas y cláusulas abusivas; establecer las medidas que impidan las actuaciones concertadas entre entidades financieras y sociedades de tasación y cuyo resultado es el incremento de precio desorbitado en suelo e inmuebles.

 

c)      Vincular las ayudas públicas directas o indirectas al flujo de crédito hacia las empresas y familias, con una especial atención a las pequeñas empresas y trabajadores autónomos; reducir y racionalizar las remuneraciones de los directivos y proteger a las personas con créditos hipotecarios firmados con la respectiva entidad.

 

d)      Fortalecer la solvencia del Fondo de Garantía de Depósitos para garantizar los ahorros de la ciudadanía.  Las nuevas funciones que se le han asignado exceden en mucho la capacidad financiera que el organismo tiene.  Resultará absolutamente imposible que con un patrimonio no comprometido inexistente pueda realizar las actuaciones dirigidas a reforzar la solvencia de las entidades de crédito y garantizar el ahorro.

 

 

e)      Exigir la plena operatividad en la dirección y la gestión de las instituciones que reciban cualquier tipo de ayuda pública de los derechos políticos correspondientes a esos fondos y garantizar así, además de con la regulación necesaria, el cumplimiento de los objetivos definidos en el punto anterior.

 

2.- Las características de la nacionalización de las Cajas de Ahorro, los SIP constituidos y sus Bancos participados serían las siguientes:

 

a)      La propiedad sería pública, pudiéndose respetar las actuales participaciones privadas de capital, desprovistas de derechos políticos y sin que estas puedan aumentar.

 

b)      El riesgo estaría mutualizado, mediante una institución tipo SIP.

 

c)      Debe asegurarse la gestión y el control democráticos, mediante la correspondiente participación de electos locales y autonómicos, representantes de los trabajadores y de los impositores. Deben establecerse mecanismos independientes de control, contrapesos de gestión y exigirse responsabilidad administrativa y penal, en su caso, a los gestores.

 

d)      El Tribunal de Cuentas debe incluir en su actuación fiscalizadora el control económico de las entidades nacionalizadas.

 

e)      Sus objetivos económicos deben ser el crédito a las empresas, con prioridad a las pequeñas y los autónomos, especialmente en proyectos vinculados a la creación de empleo, y a los autónomos. Deben estar territorializadas, garantizándose un porcentaje mínimo de crédito en función de los depósitos en cada territorio. Sus objetivos e

 

f)        En el marco de esa territorialización, respetar las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de control y regulación de las Cajas de Ahorros, sin perjuicio de que el sistema de Cajas de Ahorro pueda articularse de forma mutualizada o mancomunada.  Incorporar de manera inmediata a las Comunidades Autónomas en los espacios de toma de decisiones de la reforma del sistema financiero, atendiendo al principio de lealtad institucional, garantizando procesos transparentes y públicos.

 

g)      Deben tener prohibida cualquier actividad especulativa, limitadas las operaciones con derivados, y sin posibilidad de operar desde y hacia paraísos fiscales.

 

h)      Proteger la Obra Social de las cajas y su contribución al bienestar colectivo.

 

i)        Garantizar la conservación del empleo existente en el conjunto del Sistema.

 

j)        El parque de viviendas actualmente en su poder deberá ser traspasado a una Agencia Gestora de Vivienda Pública en Alquiler, dependiente del SIP, y constituir una oferta pública de vivienda en alquiler moderado.

 

 

 

3.- El desarrollo simultáneo de un polo complementario de banca pública que, junto a las Cajas nacionalizadas, cuente con el despliegue funcional y territorial del Instituto de Crédito Oficial, la recuperación de las fichas de bancos públicos hoy no operativos (Banco de Crédito Local, Banco Hipotecario, etc.), la renacionalización de la Banca Postal y el despliegue de las Agencias de Inversión de las Comunidades Autónomas.

 

4.- Revisar la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, modificando las competencias y funciones del Gobernador del Banco de España con el objeto de asegurar su supervisión e intervención en el sistema financiero. Concretar y dotar de mayor especificidad las causas de cese previstas en caso de incumplimiento de sus funciones.” Como consecuencia del demostrable incumplimiento grave de las obligaciones del Gobernador del Banco de España, acordar la separación de su cargo.

 

 

 

 

 

 

La necesidad de una banca pública bajo control democrático

Escrito por matoeconomia 22-12-2012 en General. Comentarios (0)

6 de Julio de 2012

Plataforma por la nacionalización de las cajas de ahorro y por una banca pública

 

La Audiencia Nacional ha admitido la querella contra los integrantes de los consejos de administración de Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), porque ve indicios de delito en su actuación. Esta medida da la razón a quienes llevamos tiempo denunciando lo que estaba sucediendo en Bankia (y en todo el sector financiero). Deben depurarse las responsabilidades pertinentes de todos los que han capitaneado las entidades financieras, y Bankia sólo debería ser el principio. Además, el juicio es una ocasión para plantear una alternativa que resuelva el problema de raíz y evitar que vayamos de crisis en crisis para que, al final,”paguen el pato” los de siempre.

 

La Plataforma denunció hace ya más de un año que la creación del BFA y de Bankia era una operación desastrosa, que sólo perseguía la privatización y bancarización definitiva de Caja Madrid y el resto de las cajas implicadas.

También pusimos en evidencia que su salida a Bolsa se hacía con una información contable que trataba de ocultar la realidad de la entidad, que ya entonces estaba en una situación de quiebra (ver informe1). Los hechos han demostrado que teníamos razón, pero la consultora privada que elaboró el informe, Deloitte, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dieron por buena la contabilidad de la entidad y permitieron su salida a Bolsa. Sin su respaldo esta situación jamás se hubiera podido producir.

Igualmente, hace meses denunciamos que BFA-Bankia tenía ayudas públicas del Estado por importe de más de 30.000 millones y préstamos del Banco Central Europeo por importe de 40.000 millones de euros. A esa enorme cantidad, se sumarán los 19.000 millones de euros pedidos por el nuevo Consejo de Administración.

Las intenciones del gobierno actual, y del anterior, del Banco de España, y de las sucesivas directivas de BFA-Bankia no es otra que la privatización de una entidad que supone un 10% del sistema financiero estatal, con unos 165.000 millones de euros en depósitos de ciudadanos. Pero para que esta operación saliese bien había que garantizar que las deudas incobrables acumuladas durante años de especulación e inversión en proyectos ruinosos para la sociedad (aunque muy rentables para unos pocos), se “saneasen” con dinero público.

Sin embargo, el agujero en las cuentas de la entidad es de tal calado que no han encontrado la forma de hacer eso discretamente. Han tenido que nacionalizar parcialmente la entidad para evitar su quiebra y van a tener que seguir inyectándole enormes sumas de dinero público si quieren sanearla definitivamente. Y, claro, es muy difícil explicarle a millones de ciudadanos, mayoritariamente trabajadores, que ven cómo la sanidad, la educación y los servicios públicos se recortan drásticamente pero hay miles de millones para los bancos.

Y, como ha denunciado nuestra plataforma desde el primer día, la situación de BFA-Bankia es, en lo fundamental, la de todo el sistema financiero que tiene más deudas, tras años de especulación, que recursos para pagarlas y que si no está definitivamente en quiebra es porque está recibiendo enormes sumas de dinero público del Estado o del Banco Central Europeo. De hecho, al rescate a Bankia le ha seguido el del conjunto del sector financiero. Todos los directivos y grandes accionistas de los bancos y cajas deberían sentarse en el banquillo de los acusados y asumir sus responsabilidades.

En consecuencia, la Plataforma quiere manifestar en relación a BFA-Bankia lo siguiente:

- Que la Audiencia Nacional investigue hasta las últimas consecuencias la actuación de los directivos de BFA-Bankia y de las entidades responsables de su supervisión (Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores).

- Que se reviertan todas las medidas legales que han abierto la puerta a la privatización-bancarización de las Cajas, y que han alentado esta desastrosa situación.

- Que se proceda a la nacionalización integral y permanente de BFA-Bankia y de las cajas que integrantes, para convertirlas en el primer banco de la nueva Banca Pública. A la hora de efectuar la nacionalización se debe tener en cuenta tanto el valor de mercado de la entidad como las deudas que acumula, para proteger los intereses de los contribuyentes y de los impositores de la entidad. Los primeros que deben hacer frente a las deudas de la entidad son sus accionistas. No obstante, deben apoyarse todas las reclamaciones ante la justicia de aquellos ciudadanos que han sido engañados para que adquirieran participaciones preferentes y otros productos financieros de riesgo, para que puedan recuperar su dinero.

- Que se realice una auditoría por técnicos de la administración del Estado y del Banco de España, que no hayan formado parte de los consejos de administración de las entidades financieras, para que emitan un informe público y redactado de forma entendible por toda la ciudadanía, que nos permita saber cuál es la situación real de la entidad. La auditoría debería alcanzar a todas las empresas integrantes del grupo BFA-Bankia, y a las grandes empresas beneficiarias de créditos de la entidad. A partir de ahí, se puede establecer qué deudas hay que pagar y que deuda debe ser considerada ilegítima, así como la cuantía.

- Que se paralicen todos los procesos de desahucios que afecten a familias con dificultades para hacer frente al pago de su primera vivienda, integrando sus viviendas en un parque público y que sigan viviendo en ellas a cambio de un alquiler mensual acorde con sus posibilidades.

- Que se condonen todas las deudas hipotecarias de familias desahuciadas, aplicando la dación en pago con carácter retroactivo.

- Que todo el parque de viviendas y suelo de la entidad se incorporen a un parque público de vivienda en régimen exclusivo de alquiler a precios realmente asequibles, que permita el cumplimiento del derecho a vivienda para todos.

- Que todas las participaciones en empresas de la entidad se transformen en participaciones públicas en las mismas, en compensación por las ayudas públicas que está recibiendo la entidad, que, a su vez, dejaría de actuar como accionista en empresas.

- Que se intervengan todas las cuentas de entidades que formen parte del grupo BFA-Bankia en paraísos fiscales, para su repatriación y posterior cierre. La banca pública no podrá abrir sucursales en paraísos fiscales.

- Que la entidad recupere su vinculación territorial, pasando su actuación a estar coordinada con las diferentes administraciones, formando parte de sus planes de desarrollo económico y social. Su prioridad será que los ahorros de la sociedad se gestionen en beneficio de la sociedad, con criterios de eficiencia económica y social. El desarrollo del sector público en todos los terrenos, desde los servicios sociales a la industria, pasando por la sanidad y la educación, debe ser constituirse en el motor decisivo para alcanzar el pleno empleo, digno y de calidad, y para un desarrollo económico que no expolie y agote los recursos naturales. Para ello es imprescindible una fuerte banca pública.

- Que la Obra Social, cuya utilidad social quede acreditada, se incorpore mediante un proceso adecuado a los servicios sociales de las diferentes administraciones.

- Que se garanticen unas buenas condiciones a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan domiciliada la nómina en la entidad.

- Que se habilite una línea de crédito en una cuantía suficiente para pequeñas y medianas empresas.

- Que cese el despido de trabajadores y trabajadoras, tanto de la parte financieras como de su Obra Social y fundaciones. Es necesario defender los puestos de trabajo, en condiciones dignas, además de que existan medios para una atención adecuada a los impositores de la entidad.

- Que se establezca una nueva estructura de dirección realmente democrática a partir de los siguientes criterios:

- Elección democrática y transparente de todos los integrantes de la misma.

- Limitación drástica de los salarios de todos los directivos al salario de un trabajador público equivalente.

- Prohibición de formar parte de la dirección a cualquier persona que haya formado parte de los consejos de administración de otras entidades financieras durante los últimos 10 años.

- Limitación drástica de mandatos. Nadie podrá integrar los consejos de administración de la entidades más de 4 años consecutivos.

- Obligación de rendir cuentas anual y públicamente, en los parlamentos de las diferentes comunidades y central, en un lenguaje accesible para todos los ciudadanos.

 

Finalmente, la situación de Bankia no puede resolverse de forma aislada del resto del sector financiero y del conjunto de la economía. Debe auditarse el conjunto del sector financiero con los criterios que reclamamos para BFA-Bankia, y dejar de tirar dinero público a un pozo sin fondo y sin contrapartidas reales.

El conjunto de las antiguas cajas, que suponen la mitad del sistema financiero estatal, deben ser nacionalizadas, no para volver a funcionar como lo hacían las cajas y aún menos para sanearlas y luego regalárselas a los bancos privados, sino para que funcionen como una verdadera banca pública, controlada democráticamente y con una finalidad social.

La banca privada no está mejor que las antiguas cajas y también está recibiendo miles de millones de euros en ayudas, por lo que estas ayudas deben dar lugar a la entrada de representantes públicos en sus órganos de gestión.

Las medidas antes expuestas deben generalizarse al conjunto del sector financiero puesto que, al fin y a la postre, lo que hace es administrar los ahorros de la sociedad. Igual que no queremos dejar en manos privadas la gestión de la sanidad o la educación, no podemos dejar en manos privadas la gestión de nuestros ahorros, pues esta crisis ha demostrado que la gestión en busca del “máximo interés privado” se acaba convirtiendo en el “máximo desastre social”.

Finalmente, el caso de Bankia saca a relucir las equivocaciones de la propia izquierda sindical y política cuando una mayoría de sus direcciones ha respaldado la privatización de las cajas y la gestión de estos años pasados. Es necesario depurar todas las responsabilidades y cambiar drásticamente de política. Llamamos a todos los sindicatos y partidos de la izquierda, y al resto de los movimientos sociales a que respalden, difundan estas propuestas y movilicen en su apoyo, como parte imprescindible de una política alternativa a los recortes de derechos que sufrimos.

¿Se atreverá Deloitte?

Escrito por matoeconomia 22-12-2012 en General. Comentarios (0)

25 de Abril de 2012

Carlos Sánchez Mato

 

Es la pregunta del millón… ¿Será capaz Deloitte de oponerse a las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración del Banco Financiero y de Ahorros?. Es evidente que se trata de un verdadero papelón para el responsable de haber aprobado sin salvedad alguna los estados financieros de 2010 y el folleto de la salida a Bolsa de su filial Bankia.

 

Como sabe perfectamente la firma auditora, la matriz de Bankia se ha convertido en una inmobiliaria monstruosa: sus activos potencialmente problemáticos procedentes del sector promotor e inmobiliario al cierre del ejercicio 2011 ascendían a casi 32 mil millones de euros, y de ellos, casi 18 mil millones estaban considerados dudosos o subestándar. Además posee en su balance casi 14 mil millones de euros en inmuebles adjudicados por impago de créditos. Pero su problema no se limita a su morosidad inmobiliaria ya que el futuro a corto y medio plazo no es nada halagüeño con un negocio cada vez más limitado ante una crisis galopante que le supone soportar crecimientos de morosidad que siguen sin estar reflejados en toda su magnitud en la contabilidad de la sociedad.

Como también sabe Deloitte, el Banco Financiero y de Ahorros en sus cuentas individuales presenta 656 millones de euros de pérdidas antes de impuestos. Evidencia esta realidad su absoluta incapacidad para afrontar los intereses correspondientes a las participaciones preferentes convertibles suscritas por el FROB. Esta sociedad pública debiera haber tomado la decisión de convertir en acciones estos instrumentos de deuda y actuar de manera firme en defensa de los intereses de los ciudadanos pero el Gobierno sigue sin actuar.

Tal y como conoce perfectamente Deloitte, el Banco Financiero y de Ahorros en sus cuentas individuales no refleja la pérdida de valor de su filial Bankia (10 mil millones de euros) con respecto al valor que tiene reflejado en su contabilidad. Eso empeora hasta tal punto la situación de BFA que si reflejara en libros el valor que las acciones tienen en el mercado bursátil, su patrimonio neto sería negativo y estaría en causa de disolución.

Con todos estos ingredientes es evidente que la firma auditora tendría que asumir su responsabilidad y no aprobar las cuentas anuales del Banco Financiero y de Ahorros. Actuar en otro sentido supondría certificar unas cuentas en las que se disimula con muy poco éxito un descomunal agujero patrimonial.

Más pronto que tarde tendrán que dar cuenta del quebranto causado sus negligentes directivos con Rodrigo Rato a la cabeza y las entidades supervisoras (Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores) que no han cumplido con su labor de velar por ahorradores e inversores.  En manos de Deloitte está separar su actuación de la de los anteriores …

¿Se atreverá …?

Roland y Oliver: Continúa el sainete

Escrito por matoeconomia 22-12-2012 en General. Comentarios (0)

21 de junio de 2012

Carlos Sánchez Mato

 

El Subgobernador del Banco de España  Fernando Restoy ha presentado los informes elaborados por las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger en los que establecen las necesidades de capital que tienen las entidades financieras españolas. Como no podía ser de otra forma, el resultado de este apresurado trabajo ha generado una profunda satisfacción a los que lo han encargado (Ministerio de Economía y el propio Banco de España) ya que minimiza los fondos necesarios hasta un punto que causa sonrojo a cualquier observador informado.

 

Las conclusiones de los evaluadores internacionales indican que en el escenario base, es decir, en el actual, las necesidades conjuntas de las entidades bancarias estarían entre los 10 mil y los 26 mil millones de euros. Si se pone de manifiesto el escenario considerado como “adverso”, la banca española necesitaría hasta un máximo de 62 mil millones de euros. Este supuesto adverso contempla una caída del PIB del 6,5% en el período 2012-2014 y una disminución del precio de la vivienda adicional del 26%  (lo que supondría más de un 55% desde el punto más alto de la burbuja inmobiliaria).

Los informes no son más que un voluntarioso esfuerzo estadístico (a cambio de dos millones de euros) que no dejará tranquilo a nadie que tenga una visión global del problema existente y que no se creen ni los propios que lo han redactado.

 

Las entidades bancarias dicen no precisar de ninguna inyección de fondos públicos pero alcanzaron el máximo endeudamiento con el Banco Central Europeo en el mes de mayo con más de 325 mil millones de euros (más del 80% de la apelación de todo el eurosistema). No se ha dado información desagregada por entidades que será hecha pública en septiembre aunque el Banco de España se ha apresurado a sacar la cara por las entidades sistémicas de mayor tamaño (Santander, BBVA y Caixa) presumiendo de su fortaleza y declarando que en ninguno de los escenarios previstos precisarán de capital público. Es el mismo organismo que ha declarado ya en tres ocasiones que la reestructuración del sector financiero había finalizado y que defendió con el Gobierno anterior y el actual que no habría que inyectar fondos públicos en el “saneado sistema financiero español”.  

 

El Gobierno fijará el importe máximo establecido por las consultoras como base para la solicitud formal del rescate en forma de préstamo a un organismo europeo todavía por determinar. Probablemente no agotará el límite que el ministro de Economía estableció con sus homólogos europeos en 100 mil millones de euros y dará nueve meses a los bancos que precisen de capital para que lo obtengan. Lejos de ser ésta una buena noticia, muestra de nuevo la incapacidad política para enfrentarse al poder económico que se rebela a sufrir las consecuencias de su nefasta gestión. La falta de una actuación decidida se traducirá en el empeoramiento de las condiciones de financiación del Estado en los próximos meses que servirán de justificación a nuevos recortes sociales que recaerán en los ciudadanos que no hemos hecho otra cosa que “vivir por encima de nuestras posibilidades”.

Una vez más (¿cuántas ya?), los responsables de supervisar al sector bancario vuelven a minimizar el problema de insolvencia existente. ¿Alguien cree de verdad que la situación hoy se soluciona con 26 mil millones de euros? ¿Son creíbles unos informes que consideran que estamos en el escenario base y no en el adverso? 

 

¿Quién se cree los test de estrés?

Escrito por matoeconomia 22-12-2012 en General. Comentarios (0)

24 de Septiembre de 2012

Carlos Sánchez Mato

 

El Gobierno español ha decidido volver a “suicidarse” con la nueva reforma financiera. En su empeño por limitar el alcance de la situación de quiebra en la que se encuentra el sector bancario patrio, está realizando todos los esfuerzos posibles para que el resultado de los test de estrés realizados por Oliver Wyman, suponga finalmente unas necesidades de capital adicional inferiores a los 60.000 millones de euros. Para ello está usando las mismas prácticas deplorables que han llevado a las entidades bancarias a la falta de credibilidad de la que gozan actualmente sus estados financieros. Lo más cómico de la situación es que, en su afán por hacer creíble sus previsiones, incluso ya hay quien especula con lo que se podría hacer con el dinero del rescate que sobraría…

 

Los periódicos a nivel internacional desconfían del informe aún no publicado. En concreto, el Wall Street Journal dejaba el pasado lunes un mensaje claro: Los mercados no se creen el ejercicio por las reducidas necesidades de capital que identificarán y pronostica que un tercer fallo del Gobierno de Rajoy después de las dos “soluciones definitivas” de febrero y mayo sería "calamitoso" para España y para toda la zona euro.

 

Independientemente  si los mercados se creen o no las necesidades de capital que están cocinando entre el Ministerio de Economía, el Banco de España y Oliver Wyman, resulta pavoroso el simplista análisis que el Gobierno está realizando (una vez más) a la hora de abordar la crisis bancaria. Según esta particular visión que nace de las pruebas realizadas, los 60.000 millones de euros  ni siquiera son necesarios como nuevo capital ya que las entidades tendrían todavía tiempo hasta junio de 2013 para realizar ventas de activos, “endosar” pérdidas a los tenedores de participaciones preferentes y traspasar activos tóxicos al “banco malo”.  Vamos que, todo el problema se podría arreglar con unos milloncejos de euros de nada… ¿Y para esto tanto lío?.

 

Por desgracia, el problema es mucho más grave que lo que este nuevo diagnóstico va a reconocer.

 

El test realizado plantea un escenario catastrófico de caída del Producto Interior Bruto del 6,5% en 2012-2014, un descenso del precio de la vivienda del 55% respecto a los máximos de la burbuja inmobiliaria, un desplome del precio del suelo del 85% y una tasa de paro del 27%. El primer error es no caer en la cuenta de que ese escenario ya es una realidad hoy (salvo en el decrecimiento del PIB,  gracias a la inestimable ayuda del Instituto Nacional de Estadística). En dicha situación, el examinador considera que las entidades bancarias deben tener un capital de máxima calidad del 6% con respecto a los activos ponderados por riesgo. Este segundo aspecto merece una profunda crítica dado que el propio Gobierno acaba de exigir en el Real Decreto de 31 de agosto que las entidades deben tener un capital mínimo del 9%... Esa “ayudita” supone un ahorro en necesidades de capital de más de 57 mil millones de euros.

 

Las filtraciones que han trascendido indican que los únicos bancos que no presentarán necesidades de capital son Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Kutxabank (denominado grupo 0). En el extremo opuesto se encuadran en el grupo 1 las entidades ya nacionalizadas (BFA-Bankia, Novagalicia Caixa, Catalunya Caixa y Banco de Valencia), que acumularán la necesidad global de capital mayor que tendrá que ser cubierta con  recursos procedentes del rescate europeo aprobado.

Al resto de entidades se les cifraran necesidades de capital inferiores que podrán solventar acudiendo al mercado (no se rían, por favor) o utilizando al Estado que suscribirá bonos contingentes convertibles que serán convertidos en acciones públicas si no son recomprados por las entidades en el próximo mes de junio.

Dado que las exigencias de provisiones en esta prueba de esfuerzo exigida a la banca no han sido suficientes, las valoraciones del suelo, inmuebles y créditos del sector inmobiliario y de otros sectores no reflejarán la realidad actual de mercado. Se reconoce implícitamente que seguirá habiendo “activos tóxicos” en los balances de las entidades bancarias y por eso es necesario el “banco malo” que no sólo incluirá los inmuebles adjudicados y el crédito promotor moroso o subestándar (con dificultades), sino también el crédito promotor teóricamente sano ligado a suelo.  Aunque el diseño final no está decidido, es probable que también entre el resto del crédito promotor normal de las entidades que necesiten ser rescatadas con dinero público.  Si esa fuera la opción, este “banco malo” supondría un 28% de los activos tóxicos existentes en el conjunto del sector (90 mil millones brutos menos 28 mil millones de provisiones realizadas). Si se transfieren al banco malo a ese valor neto de 62 mil millones de euros (valor bruto menos provisiones), esta institución se hartará de perder dinero público porque enajenará esos bienes con toda seguridad a precios inferiores a los de traspaso. Pero, ¿y si los transfieren con un descuento superior, un 20% por ejemplo? En este caso obligarían a unas provisiones superiores (18 mil millones de euros más para estas cuatro entidades nacionalizadas) y lo que es peor para el Gobierno,  ese criterio tendría que ser adoptado por el resto del sector para valorar si sus provisiones son suficientes o no y revelaría una insuficiencia de las mismas en más de 40 mil millones de euros.  En todo caso, una solución de ese tipo (banco malo con activos únicamente de las entidades ya nacionalizadas) sería una solución parcial y no cumpliría con el objetivo que se ha fijado el Gobierno de que el Estado fuera minoritario en dicha entidad. No es realista pensar que ningún inversor ávido de altas rentabilidades invierta en un “banco malo” que ha comprado activos que siguen contabilizados a precios inflados. Por lo tanto, el Gobierno y el Banco de España han “invitado” a las entidades teóricamente más fuertes (Santander, BBVA y Caixa) a ser accionistas del engendro con otro formato. Se les ha sugerido que aporten sus activos inmobiliarios (tóxicos igual que los otros) pero a cambio de acciones del “banco malo”. Aportarían entre las tres aproximadamente 70 mil millones de euros en activos con idéntico criterio de valoración (valor bruto menos provisiones actuales). A estas tres entidades, el favor que nos hacen les reportaría un ahorro en necesidades de capital de 6 mil millones de euros. La máxima ilusión de los que han pergeñado el plan es que esos activos no computen ni en el “balance del Estado” ni en el de las “entidades”. Vamos que buscan que con el movimiento desaparezcan y no sean gravosos para nadie. Pero por mucha contabilidad creativa que se pueda imaginar, los 310 mil millones de euros existen (vaya si existen).

En definitiva, el Gobierno con la ayuda de Oliver Wyman, está buscando un equilibrio imposible de alcanzar: Mínimas necesidades de capital que contenten a los inversores nacionales e internacionales y que permitan que éstos vuelvan a inyectar fondos para saciar la inmensa necesidad de liquidez y financiación que la banca precisa para su operativa diaria. En otras palabras, dar otra patada para adelante al volumen de deuda de digestión imposible para los bancos.  Queda en solitario el Banco Central Europeo como único islote salvador al que dirigirse para obtener los fondos que evitan el colapso del sector bancario español. 

¿Quién pondrá el dinero necesario que sanee y estabilice un sector arruinado y a la deriva?. Con toda seguridad será el Estado y todos los ciudadanos a costa de recortes en todos los capítulos presupuestarios imaginables.

Es evidente que el importe preciso para el saneamiento de los bancos excederá (con mucho) el importe de 100 mil millones de euros solicitado al Eurogrupo pero el Gobierno no parece estar en condiciones políticas de reconocerlo y únicamente piensa en la forma más aseada de ocultar la realidad.

 http://matoeconomia.blogspot.es/img/necesidades.pdf