Economía para críticos e indignados

Otro mundo es posible. otra economía también

Una visión crítica de la economía actual. Alternativas para una sociedad global más justa

Banco Malo: La estafa continúa...

Escrito por matoeconomia 28-12-2012 en General. Comentarios (0)

28 de Diciembre de 2012

 

 

En el video y la presentación se explica el funcionamiento del Banco Malo. Esta sociedad de gestión de activos recientemente puesta en marcha es el nuevo "salvavidas" que el Gobierno ha lanzado a las entidades bancarias. Una vez más, se procede a socializar pérdidas privadas y no se soluciona el profundo problema en el que está sumido el sector financiero español.

 

http://www.youtube.com/watch?v=LJfP2lGXEPU

 

http://matoeconomia.blogspot.es/img/bancomalo.pps

BFA-Bankia ¿Cuándo nos engañaron: hace dos años o ahora?

Escrito por matoeconomia 27-12-2012 en General. Comentarios (0)

27 de Diciembre de 2012

Carlos Sánchez Mato

 

El FROB acaba de hacer públicos los resultados de los informes elaborados por tres expertos independientes para establecer la valoración económica del Banco Financiero de Ahorros y el de su filial Bankia. Aunque no se han facilitado los detalles de los estudios realizados que dan lugar a los descomunales agujeros patrimoniales publicados, las informaciones preliminares solo pueden generar satisfacción a los que como la Plataforma por una Banca Pública advertimos de la fraudulenta ocultación de la verdadera situación de la entidad. 

Pero ese sentimiento no está exento de una gran dosis de indignación ante la tropelía cometida y que se puede resumir en dos puntos insuficientemente explicados por el FROB:

 

1º ¿Cómo es posible que el Banco Financiero y de Ahorros presentara un balance consolidado en diciembre de 2010 con un patrimonio neto de 10.673 millones de euros y ahora el FROB reconozca que su valor es -10.444 millones de euros?. Dificilmente pueden atribuirlo al deterioro producido en los últimos dos años: Se trata de un "pequeño desfase" superior a los 21 mil millones de euros...

 

2º En diciembre de 2010, Bankia, filial de Banco Financiero y de Ahorros y que agrupaba a los "activos sanos y sólidos" de la entidad, estaba valorada contablemente en 12.000 millones de euros. El FROB ahora da una valoración de -4.148 millones de euros. El deterioro del "banco bueno" supera los 16 mil millones de euros a los que hay que añadir más de 3 mil millones de euros que se obtuvieron de los inversores privados que acudieron a la Oferta Pública de Venta de acciones de la entidad y que tomaron su decisión de ser "bankeros" en base a unos balances falseados (ríanse ustedes de los timos tradicionales).

 

Ninguno de los miembros del anterior Gobierno ni del actual han reaccionado con la mínima dignidad que requeriría la situación a la publicación de los datos de una entidad bancaria a la cual apoyaron con dinero público y con declaraciones políticas en su salida a Bolsa.

 

¿Es creíble que las autoridades gubernamentales, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores no fueran conscientes de un desfase patrimonial de una magnitud como la ahora descubierta cuando realizaron la Oferta Pública de Venta de acciones de Bankia?

 

Mintieron entonces a los crédulos "bankeros" a los que estafaron sus ahorros y mienten ahora al resto de ciudadanos cuando consideran reestructurado el sistema financiero español y limitan a las entidades nacionalizadas la situación de quiebra general del sistema bancario.

 

El tiempo volverá a darnos la razón.

  

 

http://www.frob.es/notas/20121226%20Recapitalizacion%20entidades%20grupo%201%20PROT.pdf

Los recursos económicos deben estar al servicio del empleo y los derechos sociales

Escrito por matoeconomia 22-12-2012 en General. Comentarios (0)

4 de Febrero de 2012

DECLARACIÓN DE LA PLATAFORMA POR LA NACIONALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO Y POR UNA BANCA PÚBLICA

 

En la última cumbre europea, al Presidente Rajoy se le escapó que ahora viene “lo más duro”. Y eso que el número de desempleados ha llegado a casi 5,3 millones. Las medidas que está tomando su Gobierno y una nueva recesión son una seria amenaza para la mayoría de la sociedad. Sin embargo, la crisis no está afectando a todos por igual, y de muestra vale un botón: la venta de automóviles de lujo casi se duplicó el año pasado. A una minoría le fue muy bien antes de la crisis y ahora, evidenciando que sus intereses chocan con los de la mayoría de la sociedad. El enorme sufrimiento que afecta a millones de familias, sobre todo trabajadoras, no es inevitable ni el producto de la falta de recursos, si no de quién los controla y en beneficio de quién. El Gobierno del Partido Popular está profundizando más en los recortes que inició el anterior Ejecutivo y pretende aprobar medidas que aumentarán más la explotación de los trabajadores. Ante ello, la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro manifiesta que:

1.- Los recortes del gasto público son básicamente reducciones del gasto social y del número y los salarios de los empleados públicos, y sus consecuencias las pagan particularmente los trabajadores que son los usuarios de dichos servicios (Sanidad, Educación, Dependencia y el resto de servicios públicos).

2.- A la vez, se transfieren miles de millones de euros a los bancos y cajas. El anterior gobierno puso a su disposición 141.000 millones de euros, mediante inyecciones de dinero, préstamos y avales. Nada garantiza que el erario público lo recupere ni que esos avales no se ejecuten. Dichos recursos hubieran podido evitar que ningún parado carezca subsidio, el desahucio de miles de familias o los recortes.

3.- El Banco Central Europeo presta dinero a los bancos al 1%, que su vez se lo prestan a los gobiernos al 4% de interés o más. El negocio es redondo. Los bancos españoles tienen más de 220.000 millones de euros en bonos del Estado español, una importante fuente de ingresos.

4.- El sistema financiero actual es adicto al apoyo del dinero público, pero es totalmente contrario a uso del dineros público para el bienestar de los ciudadanos. La Unión Europea les ha transferido 1,6 billones de euros pero el problema es que tiene un grado de “apalancamiento” (deuda financiada) insostenible. La media de la UE es de 27 a 1, lo que implica que frente a todos sus activos, fundamentalmente créditos, tienen un patrimonio neto que no llega al 4%. Apenas si pueden responder ante cualquier aumento serio de la morosidad y por eso necesitan ayudas públicas. El apalancamiento medio de la banca española es del 24 a 1. Sus créditos con dificultades, sólo en relación con las empresas inmobiliarias y constructoras, ascienden a 181.000 millones de euros. Además, la extrema debilidad de otros sectores económicos y el aumento del número de parados incrementará sensiblemente la morosidad en préstamos, actualmente en una buena situación. Por eso habrá más transferencias de recursos al sector financiero.

5.- Además, la banca española prepara un nuevo recorte de plantilla que supondrá la destrucción de entre 40.000 y 50.000 empleos, así como unas peores condiciones de trabajo para los que se queden y peor servicio para la mayoría de los clientes, con sucursales masificadas.

6.- En contra de lo que nos dicen, la mayoría de la deuda española es de empresas y bancos, no pública. Sólo los bancos españoles deben más de 3 billones de euros frente a los 700.000 de la deuda pública. ¡Estamos pagando sus deudas con dinero de todos! ¿Dónde están las ganancias que tuvieron estos años pasados? Buena parte en los paraísos fiscales. Es infamante que los gestores de estas entidades estén recibiendo ayudas públicas mientras ganan sueldos millonarios. En realidad, no están salvando al sistema financiero sino el control de una minoría riquísima sobre el mismo, lo que les permite utilizar los ahorros de toda la sociedad en beneficio suyo. Los defensores del “libre mercado” están financiando con dinero público un oligopolio financiero cada vez mayor, con la concentración del mismo en entidades privadas cada vez mayores y más poderosas, y creando las condiciones para crisis más devastadoras en el futuro.

7.- Financiar con dinero dinero público el expolio de la mitad del sistema financiero, como está haciéndose con las cajas, es un robo de Estado. Y, en última instancia, sanear con dinero público el sistema financiero y dejarlo en manos privadas es garantizar que el problema de fondo nunca se va a solucionar y que seguiremos pagando las consecuencias de una gestión destinada a lograr el máximo beneficio privado, pues las empresas privadas están sometidas por la competencia a la ley del máximo beneficio y no a la atención de las necesidades de la mayoría de los ciudadanos que vemos cómo el dinero de nuestros impuestos acaba beneficiando a quienes más tienen.

 

Ante esta situación, la Plataforma reclama:

1.  Dado que el sistema financiero es un servicio esencial y está exigiendo enormes ayudas públicas que pagamos todos, exigimos que la gestión de los ahorros de la sociedad depositados en las cajas y bancos esté dirigida a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y suficientes, y la erradicación del desempleo. Una banca pública fuerte permitiría impulsar otra política económica centrada en la creación de una estructura económica sostenible a medio plazo, con ramas empresariales e industriales tradicionales y nuevas, que permita erradicar el paro estructural y los desequilibrios territoriales, junto con la dependencia del monocultivo del turismo y la construcción.

2.  Para ello proponemos la nacionalización del conjunto de las cajas de ahorros, que gestionan la mayoría de los depósitos bancarios, para constituir un Sistema Público de Cajas de Ahorros. Su gestión pasará a estar vinculada al desarrollo de las políticas sociales y económicas públicas, a facilitar el acceso al crédito de la pequeña y mediana empresa, y será controlada democráticamente con una rendición de cuentas pública y regular. El sistema público financiero deberá armonizar las diferentes necesidades financieras de las diversas Comunidades con criterios de reforzamiento de las relaciones interterritoriales, con planes no sólo a corto plazo.

3.  Además, todas las ayudas públicas de cualquier índole que reciban el resto de las entidades financieras supondrá la entrada en sus consejos de administración de representantes públicos con plenos derechos políticos en su gestión. Dichos representantes rendirán cuentas públicamente ante sus respectivos parlamentos, central y autonómicos.

4.  Realización de auditorías a todas las entidades por personal cualificado de la administración pública, sin vínculo alguno con las entidades financieras, que garantice una información veraz y exhaustiva de todo el sistema financiero español para saber la situación real de dichas entidades. Esa información deberá ser pública y asequible a toda la ciudadanía. Con ella será posible saber la situación real de dichas entidades, determinar las responsabilidades de los gestores y decidir qué deuda es pagable y cuál debe ser declarada deuda ilegítima, que no debería pagarse, y exigir responsabilidades a quienes se haya beneficiado con ella.

5.  Las cajas y los bancos que reciban ayudas públicas de cualquier índole someterán su gestión al interés general. Mientras el BCE no preste directamente a los Estados, como debería, estas entidades prestarán dinero al sector público al mismo tipo de interés con el que ellos reciben el dinero del BC (el 1%), a fin de acabar con la escalada de la deuda y la sangría de recursos públicos.

6.  Por la gravedad que reviste el problema de la vivienda, aquellas que son propiedad de los bancos y cajas pasará a formar parte de un Parque Público de Viviendas para que se proceda a su alquiler a precios asequibles. Igualmente, los suelos en propiedad de dichas entidades engrosarán el patrimonio público de suelo a fin de que se utilice para la posible construcción de vivienda protegida y dotaciones públicas que se sean necesarias. Las deudas de familias desahuciadas que carezcan de recursos serán condonadas, puesto que ya han entregado su piso, y a las familias que demuestren carecer de recursos para hacer frente al pago de sus hipotecas podrán seguir ocupando su vivienda a cambio de un alquiler asequible, en función de sus ingresos.

7.  Ninguna entidad financiera pública o con participación pública participará en actividades especulativas, en la promoción de la sanidad o la educación privadas; cerrará todas sus sucursales en paraísos fiscales y revisará la política de todas las empresas de las que sea accionista para garantizar el respeto a los derechos laborales, sociales y ecológicos. Los salarios de sus directivos no superarán nunca el máximo de los salarios de los trabajadores del sector público, suprimiendo los salarios “milloneuristas”. A la vez que se acabará con los privilegios de los altos ejecutivos, se detendrá la destrucción de empleo y se establecerán las plantillas necesarias, en condiciones dignas, para una atención adecuada a los depositarios.

8.  La banca pública o con participación pública garantizará unas condiciones crediticias asequibles a las familias trabajadoras y a las pequeñas empresas, y, en especial, un trato preferente a las cuentas nómina y, en general, a las rentas más humildes. También se deberán resolver y poner fin a los abusos a que están sometidos decenas de miles de pequeños ahorradores de la CAM , Bankia , Santander etc... con las titulaciones preferentes, cuotas participativas, acciones de recompra minusvaloradas, quitas escandalosas etc.

 

Estas reivindicaciones son imprescindibles. Para acabar con el desempleo crónico es necesario un desarrollo del sector público, bajo control democrático de la ciudadanía, en todos los terrenos —desde los servicios sociales, sanidad, educación al terreno productivo— puede garantizar un desarrollo acorde con las necesidades sociales y que haga realidad el derecho constitucional a un empleo digno. El primer requisito es controlar los recursos financieros, para lo que debe crearse una banca pública sobre la base de las cajas de ahorros, incluyendo también el ICO y las Cajas Rurales.

Siendo el PSOE y sus diputados responsables junto con los del PP de aprobar la Ley del 2011 de Privatización de las Cajas, la magnitud de la crisis ha hecho surgir en el primero una corriente de opinión en las bases a favor de una Banca Pública, aunque poco precisa en su composición, que ha llegado al Parlamento a través de uno de los candidatos a la secretaría  del PSOE, y que parece que podría llegar a su Congreso de Sevilla. Lástima que no tomaran medidas a favor de esas medidas cuando gobernaban, en lugar de privatizar las cajas. Pero si realmente han llegado a esa conclusión tienen que pasar a los hechos.

Izquierda Unida ha presentado una Proposición No de Ley en el Parlamento para la creación de una Banca Pública mediante la nacionalización de las Cajas de Ahorros y sus bancos participados. Las fuerzas parlamentarias que se han pronunciado claramente por una Banca Pública: IU, ICV, BNG, etcétera deberían en nuestra opinión ser capaces de articular una coordinación sobre este punto y con carácter urgente, ya que daría una extraordinaria cobertura a toda la campaña, siempre que no se aborde en plan cosmético sino con una propuesta seria que ponga a esa banca pública al servicio de la mayoría de la sociedad, del empleo y los derechos sociales. La propuesta de IU debería poder conseguirlo. Necesitamos una Banca Pública, controlada socialmente, potente, de modo tal que ningún gobierno pueda actuar sólo como notario de las decisiones de los denominados "mercados" e "inversores" nacionales y extranjeros, ya sean de España, de la UE o del resto del mundo.

Llamamos a coordinarse en pro de estos objetivos a las fuerzas políticas, sindicales, vecinales, al 15M y a todas las Plataformas a favor de una banca pública en todas las Comunidades.

Proposición no de ley para la reforma del sector financiero

Escrito por matoeconomia 22-12-2012 en General. Comentarios (0)

11 de Febrero de 2011

Propuesta de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y por una Banca Pública para una proposición no de ley para una reforma alternativa del sistema financiero.

 

 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

 

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente

 

Proposición no de Ley sobre reforma del sistema financiera y creación de un Polo de Banca Pública, mediante la nacionalización de las Cajas de Ahorro y sus Bancos participados, para su debate en Pleno.

 

El gobierno se dispone a plantear ante esta Cámara medidas legislativas para la reforma del sistema financiero español. Por lo anunciado, esa reforma se fundamenta en profundizar las medidas adoptadas hasta ahora y en estimular los procesos de fusión y adquisición como única vía para garantizar la solvencia de las instituciones financieras.

 

Pero, las medidas adoptadas hasta el momento han mostrado reiteradamente su ineficacia. No solamente la situación del sistema financiero no ha mejorado, sino lo que es más importante, el crédito sigue sin fluir hacia las mayoría de las empresas españolas, especialmente aquellas en cuyo capital social no intervienen los Bancos y, sobre todo, hacia las pequeñas y medianas empresas. Tampoco llega crédito a las familias.

 

Por otra parte, el incremento del tamaño de las instituciones financieras no parece un objetivo deseable. Como ha demostrado la experiencia, el riesgo de que los problemas financieros de Bancos demasiado grandes se conviertan en riesgos sistémicos es real.

 

El papel económico que ha desarrollado históricamente la Banca en una sociedad de mercado hoy no se cumple en España y ello, pese a que todas las medidas adoptadas hasta el momento bajo el argumento de superar la crisis han tenido como beneficiario directo o indirecto al capital financiero.

 

Las ayudas directas recibidas por el sistema financiero español hasta diciembre de 2011 se estiman en 141.000 millones de euros, de los que un poco más de la mitad son avales, a los que hay que añadir la apertura de una nueva línea de avales por importe de 100.000 millones de euros mediante el Real Decreto-Ley 20/2011. En total, más del 22% del PIB destinado a ayudas a Bancos y Cajas sin que haya habido una mejora en el crédito disponible ni un cambio significativo en los gestores y en los modelos de gestión, que han producido incluso alarma social con las retribuciones, indemnizaciones y pensiones cobradas por directivos, incluidos los de las instituciones que han recibido importantes ayudas.

 

A ello hay que añadir las líneas de crédito puestas a disposición de los bancos europeos al interés oficial del dinero del BCE (1%) por importe de 500.000 millones de euros y a tres años, sin que, nuevamente, esto haya significado un incremento significativo del crédito a empresas y familias.

 

Todo ello, además, representa importantes costes para los contribuyentes en un momento en el que la crisis se agrava, el desempleo se acerca a los 5,3 millones de parados, el PIB descenderá significativamente según la previsión de Banco de España y del Fondo Monetario Internacional y las perspectivas de recesión se hacen más que probables.

 

Puede argumentarse que las ayudas y los avales a la Banca son remunerados y que el Tesoro Público recibe unos ingresos por ello. Será cierto, aunque habría que comprobar cada caso y especialmente los de las instituciones en quiebra técnica. Pero lo importante no es eso. Hay que hablar de los costes de oportunidad. ¿Qué impacto hubiera tenido sobre la economía real y el empleo y, por tanto, sobre los ingresos públicos, que estos recursos hubieran sido dedicados a políticas de empleo, a avalar a las empresas en sus proyectos de inversión o a financiar el pago de las deudas de las administraciones públicas a sus proveedores?

 

En el terreno legislativo, el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio de 2009, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de

Crédito, que creaba el Fondo de Reestructuración Bancaria; el Real Decreto-ley 11/2010 que modificaba profundamente el sistema de Cajas de Ahorro, impulsando la bancarización y privatización de las mismas, y el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, han demostrado sus limitaciones al no abordar los problemas centrales de las instituciones financieras españolas. Incluso la entrega al capital financiero privado de la mitad del ahorro y del crédito del país, que gestionaban las Cajas de Ahorro, a un precio irrisorio, operación que pasará posiblemente a la Historia como el expolio económico más gigantesco de la época contemporánea, no han resuelto la situación.

 

El rio de ayudas financieras, la entrega de los activos de las Cajas de Ahorro y las restantes modificaciones legales aplicadas hasta ahora han demostrado ser ineficaces.

 

Pero es cierto que la actual situación de profunda crisis económica ha evidenciado la necesidad de afrontar reformas del sistema financiero. El sistema financiero ha abandonado su función social a la hora de intermediar entre el ahorro y las necesidades de las familias y empresas, siendo preciso potenciar instrumentos públicos de intervención en el mercado financiero para mejorar dicha intermediación y para evitar que la crisis de la banca privada se transforme en sistémica.

 

Por otra parte, el sobreendeudamiento familiar, los desmesurados incentivos vinculados de los directivos de las instituciones financieras, la falta de crédito, los abusos en materia hipotecaria y la necesidad en justicia de modificar la legislación hipotecaria, la importancia en el balance de los Bancos y Cajas de suelo y pisos que no se podrán vender en las condiciones actuales, las elevadas comisiones, la opacidad de los productos financieros, la actividad desde y hacia los paraísos fiscales, y la enorme deuda externa de las instituciones financieras, son cuestiones que deben ser abordadas profundamente con una filosofía y un enfoque práctico diferentes a los aplicados hasta ahora.

 

No podrá fluir el crédito que necesita la economía española si no existe un polo de banca pública, desligado del modelo de operaciones financieras especulativas que han llevado al sector a la crisis, gestionado y controlado democráticamente, sometido al interés general y al servicio del desarrollo sostenible y creador de empleo de calidad.

 

No será posible una reforma del sistema financiero privado sin que se aborde su subordinación al interés general establecida en el artículo 128 de la Constitución Española.

 

Los intereses del capital financiero no pueden primar sobre las exigencias de una salida social de la actual crisis económica. Tampoco sobre los de la economía real. En el nuevo modelo económico que es necesario construir entre todos, el capital financiero no puede seguir siendo el factor dominante desde el punto de vista económico y cuya influencia política es determinante en la toma de decisiones.

 

La economía española no necesita una gran banca sobredimensionada con relación a su tamaño y necesidades, incluidas las del sector exterior. Pocas entidades privadas de gran tamaño reproducirán por su propia lógica la situación actual: seguirán actuando con exceso de riesgo porque después si hay dificultades serán “salvados” porque serán demasiado grandes para dejarlas quebrar en la lógica del mercado. Sería suicida reproducir esas condiciones y, por tanto, irresponsable aceptar esas exigencias.

 

En consecuencia, planteamos al Gobierno que el saneamiento de la Banca Privada se realice con el menor coste para el contribuyente, procediendo en primer lugar, si fuera necesario, a la venta de activos y sólo después a la intervención pública.

 

En todo caso, la intervención pública generará derechos políticos proporcionales en la dirección y gestión de las instituciones que reciban las ayudas, sin perjuicio de las competencias del Banco de España.

 

La necesidad de un polo de Banca Pública es evidente si se quiere hacer fluir el crédito. Países poco sospechosos de intervencionismo estatal, como Francia, han creado reciente un Banco de la Industria, de propiedad pública, para facilitar el crédito necesario a proyectos de inversión.

 

Afortunadamente, en España contamos con el sistema de Cajas de Ahorro, que hasta hace poco tiempo no tenía participaciones privadas, su proceso de bancarización está todavía en una fase incipiente con una limitada participación del capital privado y, en algunos casos, existen Cajas nacionalizadas de facto. La aprobación y aplicación del Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, se hizo y está haciendo sin previo debate cívico y social, y sin debate parlamentario. No ha mejorado su situación de solvencia y está en riesgo la Obra Social.

 

A lo largo de los años, las Cajas de Ahorros han promovido el ahorro popular, han universalizado el acceso a los recursos financieros, han fomentado las dinámicas empresariales y el uso de nuevas herramientas financieras, al tiempo que desarrollaban una obra social contribuyendo al bienestar social y para evitar la exclusión social, hasta convertirse en las principales entidades financieras del país, gracias a una activa participación de la sociedad civil y de las administraciones territoriales. La primera oleada de fusiones y bancarizaciones de las Cajas han producido han destruido 13.400 empleos, la mayoría mediante prejubilaciones, cuestión ésta que va en la línea opuesta de las proclamas del gobierno para alargar la edad efectiva de jubilación. Y tampoco parece la medida más eficiente ya que el coste medio es de 300.000 euros por trabajador.

 

Cabe también recordar que las obras sociales financian programas de importancia para la cohesión social. La supresión de la obra social afectaría gravemente a las políticas sociales en curso, desbordando la capacidad de las entidades y las administraciones, debilitando las herramientas que contribuyen a reducir la exclusión social y financiera de la ciudadanía. Conviene evitar que se produzca una apropiación particular de los excedentes aplicados en este ámbito y que se minoren sus recursos.

 


Por todo ello, se presenta la siguiente

 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 

 

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar un proceso para reformar profundamente el conjunto del sistema financiero español. Una parte central de esta reforma debe ser la creación de un Sistema de Banca Pública, nucleado por el Instituto de Crédito Oficial y del que formen parte las Cajas de Ahorro, los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) constituidos y sus Bancos participados, mediante su nacionalización, en aplicación del artículo 128 de la Constitución Española.

 

1.- Los objetivos esenciales de esta reforma deberán ser:

 

a)      Que el sistema financiero cumpla su función en la economía facilitando con eficiencia y a costes competitivos las necesidades de crédito de las empresas y las familias, y contribuyendo a la creación de empleo.  Para ello es imprescindible que se establezcan las necesidades reales de capital de las entidades financieras y que los estados financieros de las entidades reflejen la imagen fiel del patrimonio de las mismas.

 

b)      Limitar el sobreendeudamiento familiar; reducir los salarios de los directivos y eliminar los incentivos vinculados a las operaciones de riesgo; modificar el mercado hipotecario para que sólo se responda de los créditos con el bien hipotecado; limitar y controlar las inversiones en actividades especulativas, especialmente en el sector inmobiliario, y las operativas bancarias hacia y desde paraísos fiscales; y a eliminar comisiones injustificadas y cláusulas abusivas; establecer las medidas que impidan las actuaciones concertadas entre entidades financieras y sociedades de tasación y cuyo resultado es el incremento de precio desorbitado en suelo e inmuebles.

 

c)      Vincular las ayudas públicas directas o indirectas al flujo de crédito hacia las empresas y familias, con una especial atención a las pequeñas empresas y trabajadores autónomos; reducir y racionalizar las remuneraciones de los directivos y proteger a las personas con créditos hipotecarios firmados con la respectiva entidad.

 

d)      Fortalecer la solvencia del Fondo de Garantía de Depósitos para garantizar los ahorros de la ciudadanía.  Las nuevas funciones que se le han asignado exceden en mucho la capacidad financiera que el organismo tiene.  Resultará absolutamente imposible que con un patrimonio no comprometido inexistente pueda realizar las actuaciones dirigidas a reforzar la solvencia de las entidades de crédito y garantizar el ahorro.

 

 

e)      Exigir la plena operatividad en la dirección y la gestión de las instituciones que reciban cualquier tipo de ayuda pública de los derechos políticos correspondientes a esos fondos y garantizar así, además de con la regulación necesaria, el cumplimiento de los objetivos definidos en el punto anterior.

 

2.- Las características de la nacionalización de las Cajas de Ahorro, los SIP constituidos y sus Bancos participados serían las siguientes:

 

a)      La propiedad sería pública, pudiéndose respetar las actuales participaciones privadas de capital, desprovistas de derechos políticos y sin que estas puedan aumentar.

 

b)      El riesgo estaría mutualizado, mediante una institución tipo SIP.

 

c)      Debe asegurarse la gestión y el control democráticos, mediante la correspondiente participación de electos locales y autonómicos, representantes de los trabajadores y de los impositores. Deben establecerse mecanismos independientes de control, contrapesos de gestión y exigirse responsabilidad administrativa y penal, en su caso, a los gestores.

 

d)      El Tribunal de Cuentas debe incluir en su actuación fiscalizadora el control económico de las entidades nacionalizadas.

 

e)      Sus objetivos económicos deben ser el crédito a las empresas, con prioridad a las pequeñas y los autónomos, especialmente en proyectos vinculados a la creación de empleo, y a los autónomos. Deben estar territorializadas, garantizándose un porcentaje mínimo de crédito en función de los depósitos en cada territorio. Sus objetivos e

 

f)        En el marco de esa territorialización, respetar las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de control y regulación de las Cajas de Ahorros, sin perjuicio de que el sistema de Cajas de Ahorro pueda articularse de forma mutualizada o mancomunada.  Incorporar de manera inmediata a las Comunidades Autónomas en los espacios de toma de decisiones de la reforma del sistema financiero, atendiendo al principio de lealtad institucional, garantizando procesos transparentes y públicos.

 

g)      Deben tener prohibida cualquier actividad especulativa, limitadas las operaciones con derivados, y sin posibilidad de operar desde y hacia paraísos fiscales.

 

h)      Proteger la Obra Social de las cajas y su contribución al bienestar colectivo.

 

i)        Garantizar la conservación del empleo existente en el conjunto del Sistema.

 

j)        El parque de viviendas actualmente en su poder deberá ser traspasado a una Agencia Gestora de Vivienda Pública en Alquiler, dependiente del SIP, y constituir una oferta pública de vivienda en alquiler moderado.

 

 

 

3.- El desarrollo simultáneo de un polo complementario de banca pública que, junto a las Cajas nacionalizadas, cuente con el despliegue funcional y territorial del Instituto de Crédito Oficial, la recuperación de las fichas de bancos públicos hoy no operativos (Banco de Crédito Local, Banco Hipotecario, etc.), la renacionalización de la Banca Postal y el despliegue de las Agencias de Inversión de las Comunidades Autónomas.

 

4.- Revisar la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, modificando las competencias y funciones del Gobernador del Banco de España con el objeto de asegurar su supervisión e intervención en el sistema financiero. Concretar y dotar de mayor especificidad las causas de cese previstas en caso de incumplimiento de sus funciones.” Como consecuencia del demostrable incumplimiento grave de las obligaciones del Gobernador del Banco de España, acordar la separación de su cargo.

 

 

 

 

 

 

La necesidad de una banca pública bajo control democrático

Escrito por matoeconomia 22-12-2012 en General. Comentarios (0)

6 de Julio de 2012

Plataforma por la nacionalización de las cajas de ahorro y por una banca pública

 

La Audiencia Nacional ha admitido la querella contra los integrantes de los consejos de administración de Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), porque ve indicios de delito en su actuación. Esta medida da la razón a quienes llevamos tiempo denunciando lo que estaba sucediendo en Bankia (y en todo el sector financiero). Deben depurarse las responsabilidades pertinentes de todos los que han capitaneado las entidades financieras, y Bankia sólo debería ser el principio. Además, el juicio es una ocasión para plantear una alternativa que resuelva el problema de raíz y evitar que vayamos de crisis en crisis para que, al final,”paguen el pato” los de siempre.

 

La Plataforma denunció hace ya más de un año que la creación del BFA y de Bankia era una operación desastrosa, que sólo perseguía la privatización y bancarización definitiva de Caja Madrid y el resto de las cajas implicadas.

También pusimos en evidencia que su salida a Bolsa se hacía con una información contable que trataba de ocultar la realidad de la entidad, que ya entonces estaba en una situación de quiebra (ver informe1). Los hechos han demostrado que teníamos razón, pero la consultora privada que elaboró el informe, Deloitte, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dieron por buena la contabilidad de la entidad y permitieron su salida a Bolsa. Sin su respaldo esta situación jamás se hubiera podido producir.

Igualmente, hace meses denunciamos que BFA-Bankia tenía ayudas públicas del Estado por importe de más de 30.000 millones y préstamos del Banco Central Europeo por importe de 40.000 millones de euros. A esa enorme cantidad, se sumarán los 19.000 millones de euros pedidos por el nuevo Consejo de Administración.

Las intenciones del gobierno actual, y del anterior, del Banco de España, y de las sucesivas directivas de BFA-Bankia no es otra que la privatización de una entidad que supone un 10% del sistema financiero estatal, con unos 165.000 millones de euros en depósitos de ciudadanos. Pero para que esta operación saliese bien había que garantizar que las deudas incobrables acumuladas durante años de especulación e inversión en proyectos ruinosos para la sociedad (aunque muy rentables para unos pocos), se “saneasen” con dinero público.

Sin embargo, el agujero en las cuentas de la entidad es de tal calado que no han encontrado la forma de hacer eso discretamente. Han tenido que nacionalizar parcialmente la entidad para evitar su quiebra y van a tener que seguir inyectándole enormes sumas de dinero público si quieren sanearla definitivamente. Y, claro, es muy difícil explicarle a millones de ciudadanos, mayoritariamente trabajadores, que ven cómo la sanidad, la educación y los servicios públicos se recortan drásticamente pero hay miles de millones para los bancos.

Y, como ha denunciado nuestra plataforma desde el primer día, la situación de BFA-Bankia es, en lo fundamental, la de todo el sistema financiero que tiene más deudas, tras años de especulación, que recursos para pagarlas y que si no está definitivamente en quiebra es porque está recibiendo enormes sumas de dinero público del Estado o del Banco Central Europeo. De hecho, al rescate a Bankia le ha seguido el del conjunto del sector financiero. Todos los directivos y grandes accionistas de los bancos y cajas deberían sentarse en el banquillo de los acusados y asumir sus responsabilidades.

En consecuencia, la Plataforma quiere manifestar en relación a BFA-Bankia lo siguiente:

- Que la Audiencia Nacional investigue hasta las últimas consecuencias la actuación de los directivos de BFA-Bankia y de las entidades responsables de su supervisión (Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores).

- Que se reviertan todas las medidas legales que han abierto la puerta a la privatización-bancarización de las Cajas, y que han alentado esta desastrosa situación.

- Que se proceda a la nacionalización integral y permanente de BFA-Bankia y de las cajas que integrantes, para convertirlas en el primer banco de la nueva Banca Pública. A la hora de efectuar la nacionalización se debe tener en cuenta tanto el valor de mercado de la entidad como las deudas que acumula, para proteger los intereses de los contribuyentes y de los impositores de la entidad. Los primeros que deben hacer frente a las deudas de la entidad son sus accionistas. No obstante, deben apoyarse todas las reclamaciones ante la justicia de aquellos ciudadanos que han sido engañados para que adquirieran participaciones preferentes y otros productos financieros de riesgo, para que puedan recuperar su dinero.

- Que se realice una auditoría por técnicos de la administración del Estado y del Banco de España, que no hayan formado parte de los consejos de administración de las entidades financieras, para que emitan un informe público y redactado de forma entendible por toda la ciudadanía, que nos permita saber cuál es la situación real de la entidad. La auditoría debería alcanzar a todas las empresas integrantes del grupo BFA-Bankia, y a las grandes empresas beneficiarias de créditos de la entidad. A partir de ahí, se puede establecer qué deudas hay que pagar y que deuda debe ser considerada ilegítima, así como la cuantía.

- Que se paralicen todos los procesos de desahucios que afecten a familias con dificultades para hacer frente al pago de su primera vivienda, integrando sus viviendas en un parque público y que sigan viviendo en ellas a cambio de un alquiler mensual acorde con sus posibilidades.

- Que se condonen todas las deudas hipotecarias de familias desahuciadas, aplicando la dación en pago con carácter retroactivo.

- Que todo el parque de viviendas y suelo de la entidad se incorporen a un parque público de vivienda en régimen exclusivo de alquiler a precios realmente asequibles, que permita el cumplimiento del derecho a vivienda para todos.

- Que todas las participaciones en empresas de la entidad se transformen en participaciones públicas en las mismas, en compensación por las ayudas públicas que está recibiendo la entidad, que, a su vez, dejaría de actuar como accionista en empresas.

- Que se intervengan todas las cuentas de entidades que formen parte del grupo BFA-Bankia en paraísos fiscales, para su repatriación y posterior cierre. La banca pública no podrá abrir sucursales en paraísos fiscales.

- Que la entidad recupere su vinculación territorial, pasando su actuación a estar coordinada con las diferentes administraciones, formando parte de sus planes de desarrollo económico y social. Su prioridad será que los ahorros de la sociedad se gestionen en beneficio de la sociedad, con criterios de eficiencia económica y social. El desarrollo del sector público en todos los terrenos, desde los servicios sociales a la industria, pasando por la sanidad y la educación, debe ser constituirse en el motor decisivo para alcanzar el pleno empleo, digno y de calidad, y para un desarrollo económico que no expolie y agote los recursos naturales. Para ello es imprescindible una fuerte banca pública.

- Que la Obra Social, cuya utilidad social quede acreditada, se incorpore mediante un proceso adecuado a los servicios sociales de las diferentes administraciones.

- Que se garanticen unas buenas condiciones a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan domiciliada la nómina en la entidad.

- Que se habilite una línea de crédito en una cuantía suficiente para pequeñas y medianas empresas.

- Que cese el despido de trabajadores y trabajadoras, tanto de la parte financieras como de su Obra Social y fundaciones. Es necesario defender los puestos de trabajo, en condiciones dignas, además de que existan medios para una atención adecuada a los impositores de la entidad.

- Que se establezca una nueva estructura de dirección realmente democrática a partir de los siguientes criterios:

- Elección democrática y transparente de todos los integrantes de la misma.

- Limitación drástica de los salarios de todos los directivos al salario de un trabajador público equivalente.

- Prohibición de formar parte de la dirección a cualquier persona que haya formado parte de los consejos de administración de otras entidades financieras durante los últimos 10 años.

- Limitación drástica de mandatos. Nadie podrá integrar los consejos de administración de la entidades más de 4 años consecutivos.

- Obligación de rendir cuentas anual y públicamente, en los parlamentos de las diferentes comunidades y central, en un lenguaje accesible para todos los ciudadanos.

 

Finalmente, la situación de Bankia no puede resolverse de forma aislada del resto del sector financiero y del conjunto de la economía. Debe auditarse el conjunto del sector financiero con los criterios que reclamamos para BFA-Bankia, y dejar de tirar dinero público a un pozo sin fondo y sin contrapartidas reales.

El conjunto de las antiguas cajas, que suponen la mitad del sistema financiero estatal, deben ser nacionalizadas, no para volver a funcionar como lo hacían las cajas y aún menos para sanearlas y luego regalárselas a los bancos privados, sino para que funcionen como una verdadera banca pública, controlada democráticamente y con una finalidad social.

La banca privada no está mejor que las antiguas cajas y también está recibiendo miles de millones de euros en ayudas, por lo que estas ayudas deben dar lugar a la entrada de representantes públicos en sus órganos de gestión.

Las medidas antes expuestas deben generalizarse al conjunto del sector financiero puesto que, al fin y a la postre, lo que hace es administrar los ahorros de la sociedad. Igual que no queremos dejar en manos privadas la gestión de la sanidad o la educación, no podemos dejar en manos privadas la gestión de nuestros ahorros, pues esta crisis ha demostrado que la gestión en busca del “máximo interés privado” se acaba convirtiendo en el “máximo desastre social”.

Finalmente, el caso de Bankia saca a relucir las equivocaciones de la propia izquierda sindical y política cuando una mayoría de sus direcciones ha respaldado la privatización de las cajas y la gestión de estos años pasados. Es necesario depurar todas las responsabilidades y cambiar drásticamente de política. Llamamos a todos los sindicatos y partidos de la izquierda, y al resto de los movimientos sociales a que respalden, difundan estas propuestas y movilicen en su apoyo, como parte imprescindible de una política alternativa a los recortes de derechos que sufrimos.