Economía para críticos e indignados

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Una visión crítica de la economía actual. Alternativas para una sociedad global más justa

Otra ayuda a la banca por la puerta de atrás

Escrito por matoeconomia 15-07-2013 en General. Comentarios (0)

Carlos Sánchez Mato

14 de julio de 2013

 

 

“No hay la más mínima connivencia de este Gobierno con la banca”

Luis de Guindos 14 de julio de 2013

 

 

El Ministro de Economía y Competitividad ha declarado, sin sonrojarse, que este Gobierno no tiene la más mínima connivencia con la banca. Declara sin el mínimo rastro de vergüenza en su rostro que “el Gobierno no va a regalar nada a nadie”, reconociendo justo a continuación que dará más ayudas públicas a quienes adquieran las entidades nacionalizadas Catalunya Banc y Novagalicia Banco. Expresamente citó como parte de esas ayudas los créditos fiscales que “se reconocerán como recursos propios de primera calidad[1]”.

¿Qué importancia tienen esos créditos o activos fiscales y su tratamiento para las entidades bancarias españolas?

Durante estos últimos años, una entidad bancaria que haya sufrido pérdidas por importe de 100 euros, reducirá las mismas por valor de 30 euros en concepto del impuesto sobre sociedades que se ahorrará en los próximos años  y se anotará ese importe en su activo como si se tratara de un bien material (inmuebles, créditos o deuda pública). Los bancos han utilizado también esta herramienta para, sin reconocer las pérdidas en sus cuentas de explotación, cargar las mismas contra sus fondos propios y apuntarse de igual manera esos créditos fiscales a restar de los impuestos de sociedades a abonar en los próximos dieciocho años[2].

Si algo ha quedado claro para cualquier analista independiente en la actual crisis bancaria a nivel mundial ha sido la necesidad de elevar significativamente la cantidad y calidad de los recursos propios de las entidades de crédito. El capital y las reservas acumulados por las entidades bancarias han demostrado ser insuficientes para absorber las pérdidas de la enorme burbuja generada. En primer lugar por su reducido importe y en segundo por su escasa calidad. La regulación no requería capital por los activos que las propias entidades consideraban que no tenían riesgos y, por tanto, el cálculo de capital de máxima calidad se realiza en relación a los denominados activos ponderados por riesgo que, paradójicamente, año tras año se reducen (prácticamente la mitad de los activos de las entidades bancarias españolas son considerados por las mismas y por el Banco de España como “libres de riesgo”). Además de eso, se consideraban los activos fiscales como recursos propios de primera calidad aunque es evidente para cualquiera que los derechos a no pagar en el futuro impuestos de sociedades no pueden ser activos del mismo tipo que una letra del tesoro o dinero en efectivo. ¿O acaso podrían las entidades bancarias hacer frente al pago de la nómina de sus empleados del próximo mes con ese “derecho” a no pagar impuestos en el futuro?.

Para paliar estas deficiencias, la nueva regulación a nivel internacional (Basilea III) ha aprobado un cambio en el tratamiento de los activos por impuestos diferidos que dependen de rendimientos futuros (DTA, Deferred Tax Assets, en terminología inglesa) para incrementar la calidad del capital de las entidades bancarias.  El argumento es difícilmente rebatible: la incertidumbre de estos derechos frente a la Hacienda Pública y la nula efectividad de estos activos a la hora de proteger a los depositantes. Por ello, Basilea III ha aprobado un calendario de reducción de esos activos en el cómputo del capital de máxima calidad concediendo un período transitorio de cinco años para eliminarlos si superan el 10% del core capital de las entidades. El pánico se ha adueñado de las entidades bancarias españolas, especialmente beneficiadas hasta el momento de la existencia de estos activos, dado que un tercio de su patrimonio neto desaparecería y obligaría a captar capital en cantidades astronómicas. Para evitar “que la sangre llegue al río”,  la Comisión Europea ha salido en rescate de las mismas ampliando el plazo de eliminación de estos activos fiscales a diez años. La actuación es digna de los mejores sainetes: Los bancos necesitan urgentemente más capital y de mayor calidad ahora para resolver sus problemas de solvencia y las medidas para resolver parcialmente este déficit se realizarán en un plazo de diez años.

 

En el caso de las principales entidades del sector bancario español, el importe total de los activos por impuestos diferidos asciende a 63.280 millones de euros (32,19% de su patrimonio neto a finales de 2012) que corresponderían a unas pérdidas superiores a los 190.000 millones de euros.

Cualquiera que lea este artículo podría pensar que nos referimos a otro país dado que las entidades bancarias españolas “están sanas” y la gran mayoría no han reconocido pérdidas en ninguno de los ejercicios fiscales desde que se inició la crisis. Pero eso no quiere decir que no las hayan tenido y la prueba evidente es la existencia de estos activos fiscales. El truco utilizado ha consistido en que la mayor parte de estos activos por impuestos diferidos se han contabilizado contra reservas para disimular ante depositantes, inversores y accionistas las enormes pérdidas sufridas.

Las entidades nacionalizadas y las que han recibido ayudas públicas directas (grupo 2) son las que tienen una posición más desequilibrada. Sin contabilizar como patrimonio neto estos activos fiscales de incierta recuperación, sus fondos propios son negativos, es decir, están en situación de quiebra técnica ya que sus activos realizables serían inferiores a sus pasivos exigibles y no podrían hacer frente a las obligaciones contraídas incluso después de las enormes ayudas públicas recibidas.

Sin embargo, las entidades consideradas “sanas” que acumulan el 69,25% de los activos fiscales del conjunto del sistema bancario español, no pueden presumir de su situación. Si se pusiera en marcha de forma inmediata la nueva regulación a nivel internacional, los bancos que no han recibido ayudas públicas directas tendrían que captar una cifra cercana a los 43.824 millones de euros para mantener un nivel de capital similar al que ahora tienen y que muchos analistas consideran ya insuficiente.

 

Santander, BBVA, Caixa y Sabadell, “buques insignia” del sector bancario, acumulan más del 58% de los activos fiscales netos acumulados sin que hayan presentado pérdidas desde que se inició la crisis ni modificado de manera significativa su política de dividendos a sus accionistas que ha consistido en repartir beneficios inexistentes ya que “olvidan” contabilizar como quebrantos estas pérdidas y las cargan directamente contra reservas. Estas entidades cotizadas precisarían de enormes ampliaciones de capital para cumplir con las exigencias de capital obligadas por la regulación y eso provocaría un efecto dramático a sus accionistas (sobre todo a los mayoritarios) en el hipotético caso de que consiguieran captar ese capital en los mercados bursátiles.

 

Para las entidades bancarias españolas no bastaba diferir la puesta en marcha de la normativa y, una vez más han lanzado una llamada de socorro y han llegado a un principio de acuerdo con el Gobierno que permitirá su transformación directa en créditos fiscales sin la obligación de tener que generar beneficios en el futuro. Es decir, se transformarán en una promesa cierta de que el Estado acabará pagando esos importes en cualquier circunstancia (quiebra, venta o transformación de la entidad incluidas).  De esta forma si se podrían considerar estos activos fiscales como “activos de verdad” que incluso tendrían la consideración de “vendibles” ya que empresas que tienen beneficios importantes podrían comprar esos créditos fiscales que entidades como BFA-Bankia, Catalunya Banc o Novagalicia Banco no  son capaces de aprovechar dado que no generarán beneficios suficientes en los próximos años. No es la única fórmula que se está estudiando para articular este nuevo rescate público a las entidades bancarias ya que también está sobre la mesa la habilitación de un aval estatal que blinde estos créditos fiscales similar que el que tienen las empresas eléctricas originado por el déficit tarifario.

En cualquiera de los casos se trata de un escándalo mayúsculo que no se justifica con el argumento de que este tipo de medidas han sido aprobadas en países como Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda o Estados Unidos[3]. Ese hecho solamente revela que el vergonzoso matrimonio entre el poder político y el financiero no es exclusivo del Estado español.

El efecto será demoledor en términos de recaudación fiscal pero también supondrá un golpe inmediato sobre la deuda pública  ya que un compromiso de Hacienda a la hora de reconocer esos importes sin ligarlos a la obtención de beneficios futuros obligará a la contabilización de esos créditos fiscales como una deuda a favor de las entidades bancarias que los tienen en sus balances. De un plumazo y por la puerta de atrás añadimos un 6% más de deuda pública sobre el PIB.

 

¿No hay connivencia entre este Gobierno y las entidades bancarias?

 

 

Ver informe completo y tablas de datos

http://matoeconomia.blogspot.es/img/otraayuda.pdf

 

 

 



[1] Entrevista a Luis de Guindos publicada por el diario El País el 14 de julio de 2013.

[2] Esta política legalmente aceptada de cargar las pérdidas directamente contra reservas sería similar a la actuación de un individuo que tiene un salario de 1.000 euros y unos gastos de 700 euros por lo que su “cuenta de explotación” arrojaría un beneficio mensual de 300 euros. Imaginemos que en esos gastos no se tienen en cuenta los 2.000 euros que gasta mensualmente cuando va al casino dado que para hacer frente a los mismos, el individuo utiliza sus ahorros. Lógicamente, aunque tenga beneficios, a nadie se le escapa que la solvencia del individuo estaría en entredicho.

[3] Alemania, Francia, Holanda y Reino Unido, incluso EEUU, han optado por lo que se denomina carry back fiscal, que consiste en el reembolso por parte de Hacienda de cantidades pagadas en momentos anteriores. El horizonte temporal de la devolución de las cantidades pagadas iría entre los 12 meses en Europa y los 24 meses en EEUU. Italia, por su parte, optó en 2011 por la transformación de los activos por impuestos diferidos en créditos fiscales frente a Hacienda, compensables con cualquier obligación de carácter fiscal (IVA…) transmisibles a terceros e incluso reembolsables en una parte de los mismos.

 

¿QUIÉN GARANTIZA LOS AHORROS DE LOS CIUDADANOS?

Escrito por matoeconomia 04-07-2013 en General. Comentarios (1)

4 de julio de 2013

Carlos Sánchez Mato

 

 

¿QUIÉN GARANTIZA LOS AHORROS DE LOS CIUDADANOS?

 

El ministro de Economía del Estado español, Luis de Guindos, ha sostenido en numerosas declaraciones realizadas de manera previa a la cumbre del ECOFIN que los depósitos de particulares y pequeñas y medianas empresas superiores a 100.000 euros estaban garantizados hasta este momento y estarán "absolutamente protegidos" en caso de quiebra de una entidad en la nueva directiva sobre resolución de crisis bancarias. Los depósitos de menos de 100.000 euros, ha subrayado Guindos, son "sacrosantos", y "los de más 100.000 euros en manos de pymes y también detentados por particulares también están absolutamente protegidos". "Eso nadie lo cuestiona", ha asegurado.

La nueva directiva desarrolla el esquema que adoptarán los rescates de los bancos a partir de 2018, siempre y cuando esta hoja de ruta sea consensuada con el Parlamento Europeo al que todavía no ha llegado la discusión. El objetivo declarado por los ministros de Economía de los países de la Unión Europea es que la apelación a los fondos públicos para salvamentos futuros sea el último de los recursos utilizados.  Por un lado se pretende minimizar el quebranto para las arcas públicas de los diferentes Estados y del conjunto de la Unión Europea han tenido los rescates bancarios y por otro lado se busca evitar la huida masiva de ahorradores blindando sus depósitos de posibles quitas si se producen más debacles de entidades financieras. La protección a los depositantes sigue estando encomendada a los Fondos de Garantía de Depósitos establecidos en cada uno de los Estados de la Unión Europea. Además se establece una serie de inversores privilegiados que quedan excluidos de toda quita (bonos garantizados como cédulas hipotecarias, deudas con empleados en concepto de salarios y pensiones, deudas comerciales de bienes y servicios críticos para el funcionamiento de la institución, deudas con sistemas de pagos con vencimiento inferior a siete días y deudas del mercado interbancario con vencimiento inicial inferior a siete días).

Una vez más, los dirigentes políticos europeos no han abordado el corazón del problema. Las entidades bancarias están muy poco capitalizadas, es decir, su financiación está basada básicamente en recursos de terceros y no de sus accionistas y esta financiación tiene unos costes reducidos para las mismas porque existe la confianza por parte de depositantes e inversores de que los Estados impedirán la quiebra de las entidades bancarias cuando sufran problemas graves como los actuales.

Sin embargo, la directiva aprobada vuelve a incurrir en los mismos errores que anteriormente han tenido los sistemas de supervisión y aseguramiento de cada uno de los Estados de la Unión Europea. En primer lugar no contempla una adecuada dotación de fondos que garantice los depósitos que la normativa dice asegurar. En segundo lugar, se contempla que en circunstancias excepcionales se puedan autorizar el uso de fondos públicos nacionales y del MEDE antes de que todos los acreedores pierdan por completo su inversión, mediante un préstamo al Estado que computaría como deuda pública. Es decir, lo que ocurre ahora.

Los mecanismos establecidos en la nueva normativa europea serán, por tanto, más de lo mismo. Se establecen unas excepciones a la hora de sufrir futuras quitas pero sin que se doten a los organismos correspondientes de fondos para poder hacer frente a los compromisos derivados de las declaraciones políticas.

 

El ejemplo más claro de lo anterior es lo que ocurre con la protección de los depositantes en cada uno de los países. El Fondo de Garantía de Depósitos de entidades de crédito de España está en quiebra. A pesar de las grandilocuentes declaraciones del señor De Guindos, el organismo que protege los ahorros de la ciudadanía tiene patrimonio neto negativo según las cuentas presentadas correspondientes a 2012 (-1.247 millones de euros). La situación sería mucho peor todavía si no hubieran usado trucos contables de dudosa legalidad para reducir el agujero y reflejara en sus estados financieros la totalidad de los compromisos que ha adquirido. El Fondo de Garantía de Depósitos es incapaz de atender las obligaciones a las que ya se ha comprometido y, por supuesto, no tendría posibilidad alguna de responder ante la insolvencia de cualquier entidad, incluso de pequeño tamaño, para atender el pago de los depósitos de los ahorradores.

 

En esta situación se aprecia de forma clara que es el Estado el que está garantizando de forma directa los 795.135 millones de euros que los ahorradores tienen (con el actual límite de 100 mil euros por titular) y solamente el afianzamiento que éste proporciona a las entidades bancarias permite que se financien en condiciones económicas ventajosas. En definitiva, las entidades bancarias privadas se aprovechan de un mastodóntico aval del Estado que no retribuyen para hacer negocio a favor de sus accionistas.  ¿O es que alguien dejaría sus ahorros en las entidades bancarias a cambio de una reducida retribución si no estuviera detrás de las entidades bancarias el Estado?.

 

Nada en la nueva directiva europea da seguridad adicional a los depositantes ni establece medios suficientes para evitar quebrantos a los mismos salvo una declaración de intenciones que no está acompañada de una adecuada dotación de recursos financieros que la haga creíble.

 

 

Ver informe completo sobre insuficiencias de la directiva europea y la quiebra del FGD

 

http://matoeconomia.blogspot.es/img/directiva.pdf

 

 

 

LAS REFINANCIACIONES: OTRO AGUJERO NEGRO DE LA BANCA ESPAÑOLA

Escrito por matoeconomia 30-05-2013 en General. Comentarios (0)

Carlos Sánchez Mato

29 de mayo de 2013

 

 

Los balances de las entidades siguen ocultando cuantiosas pérdidas que requerirán más capital para su solución. Uno de los elementos más usados por los bancos para ocultar su verdadera situación es la profusa utilización de las refinanciaciones y las escasas provisiones constituidas para hacer frente a posibles impagos. Esta forma de actuar está siendo protagonizada sobre todo por las entidades que presumen de fortaleza y de no haber recibido ayudas públicas ya que interesadamente olvidan que son beneficiarias de las mismas cuando reciben avales a sus emisiones de deuda, préstamos del Banco Central Europeo o el aval estatal que proporciona seguridad a sus depositantes por los ahorros inferiores a 100.000 euros por titular.

Del total de préstamos reestructurados, solamente el 37% tiene la consideración para las entidades de “dudoso” y sorprendentemente, el 42% se considera en situación “normal” y no tienen por tanto provisión alguna en previsión de un posible problema de impago. Cuando un cliente no es capaz de afrontar la amortización de un préstamo y los intereses que adeuda por el mismo, la práctica que se ha seguido es darle más tiempo con la esperanza de que en el futuro pueda hacer frente a los compromisos contraídos. En el sector bancario se conoce esta práctica como “patada a seguir” o “delay and pray” (retrasar y rezar). No se discute que las entidades refinancien sino que, siguiendo un criterio de estricta prudencia, no reconozcan las oportunas provisiones por un posible quebranto.

El Memorandum de Entendimiento firmado por el Estado español para acceder al rescate con fondos europeos de nuestro sistema bancario obligaba a “reevaluar el marco actual de provisiones”. Para ello, las autoridades españolas se han comprometido a modificar el marco normativo de provisiones a exigir a las entidades financieras.  En este contexto es en el que el Banco de España ha obligado a publicar información sobre las refinanciaciones y las provisiones constituidas para hacer frente a posibles impagos en este tipo de créditos. Sin embargo, la nueva circular del Banco de España no obligará a las entidades bancarias a reconocer esta realidad. Los nuevos criterios pasarán por considerar que todos los créditos refinanciados se consideren como “subestándar”  y tendrán que dotar un 15% de media por esos créditos. Ahora bien, podrán mantener préstamos refinanciados como “normales” con criterios tasados. En todo caso, el sector bancario ha conseguido que el Banco de España le permita dotar esas provisiones (que siguiendo este criterio estarían cercanas a los 13 mil millones de euros) en tres ejercicios. Es decir, una vez más, el Banco de España sale en auxilio de los que debieran ser objetos de supervisión. No puede negar que conoce esta realidad denunciada por los propios inspectores del Banco de España que indican las prácticas irregulares concentradas en Santander y BBVA.

Si se utilizase un criterio más rígido y prudente para créditos que han requerido una modificación de condiciones para evitar su entrada en morosidad (60% de provisiones en dudosos, 50% en subestándar y 40% en normales), las provisiones medias deberían alcanzar el 49,46% de los créditos refinanciados y el déficit de provisiones del conjunto de las entidades llegaría a los 63.810 millones de euros (86,4% de éste déficit correspondería a entidades no nacionalizadas).

Eso es lo que ni Gobierno ni Banco de España quieren reconocer: La insolvencia del conjunto del sistema bancario español que no ha sido solucionado con las ingentes ayudas públicas proporcionadas al mismo.

Las actuaciones auspiciadas por el Gobierno y el Banco de España van dirigidas a continuar ocultando la realidad para no tener que reconocer nuevas necesidades de capital en las entidades (fundamentalmente las que no han reforzado su patrimonio neto en todo este proceso). Para ello, la estrategia pasa por dar tiempo a los bancos a que generen beneficios que les permita ir reconociendo pérdidas de manera gradual. Además el proceso se complementa con la entrega de la banca nacionalizada a estas entidades, con elevadísimas ayudas públicas para mejorar su deteriorada situación. Se contribuye de esta forma a crear un oligopolio privado con el dinero de los contribuyentes.

 

Pero así no se resolverá la crisis bancaria: Hasta que no se recapitalicen de manera suficiente, no recuperarán la capacidad de financiarse de manera autónoma y seguirán siendo dependientes de los recursos públicos concesionales que obtienen del Banco Central Europeo. En esa situación no podrán cumplir la función que el sistema económico les asigna y seguirán siendo incapaces de realizar la intermediación entre las necesidades de ahorro y la inversión.

 

Será inevitable una nueva ronda de recapitalizaciones y tengan la seguridad de que, de nuevo, será con el dinero de todos y administrado por los responsables de la quiebra, salvo que, por una vez, los ciudadanos digamos BASTA YA.

 

 

Ver informe completo

 

http://matoeconomia.blogspot.es/img/necesidades2013.pdf

No tenemos miedo

Escrito por matoeconomia 27-05-2013 en General. Comentarios (0)

Quinto capítulo de los Vídeos Indignados

Director Antonio Campuzano

En el capítulo 5º de la serie No Tenemos Miedo, se analizan los gastos del Estado español que recaen en un 80% sobre los impuestos de las clases medias y bajas, en concreto sobre las rentas salariales al mismo tiempo que las grandes empresas y grandes fortunas o tributan poco o esconden sus beneficios en paraísos fiscales.
Mientras tanto, el gobierno sigue recortando salarios y prestaciones sociales y castigando el consumo, con lo que la economía española se va hundiendo sin remisión.

Para que este país funcione hay que cambiar las instituciones obsoletas y corruptas y las políticas económicas y sociales

http://www.youtube.com/watch?v=e9Unw9eD7FI&feature=youtu.be

Pueblos Unidos contra la Troika

Escrito por matoeconomia 27-05-2013 en General. Comentarios (0)

MANIFIESTO

 

Las brutales e inhumanas políticas de ajuste impuestas por la odiosa Troika (el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea) con la ayuda de los gobiernos cómplices, están causando en Europa la mayor crisis de la democracia de las últimas décadas. Millones de personas estamos siendo condenadas al paro, la pobreza e incluso a la muerte por una deuda ilegítima e impagable, que en su mayor parte es privada; de bancos, grandes empresas y entidades financieras. El rescate Europeo a la banca, avalado y garantizando por el Estado, una vez más privatiza los beneficios mientras socializa las pérdidas y a cambio exige recortes sangrantes.

Con la excusa de la crisis de la deuda han modificado la Constitución (Art.135.3) sin escuchar nuestra voz en referéndum, imponiéndonos el desmantelamiento de los servicios públicos como la Sanidad o la Educación que son entregados al sector privado como "oportunidad de negocio", vulnerando así los derechos sociales y laborales conquistados en las últimas décadas. Con ello se ha provocado, además, que miles de familias de los países afectados pierdan su vivienda y su vida diaria.

La disolución de las fronteras entre lo público y lo privado alimenta una corrupción impune que envilece nuestra sociedad y pervierte la política en su papel insustituible de instrumento de acción ciudadana. El objetivo de las privatizaciones es el expolio, la concentración de la riqueza y la profundización en las reformas neoliberales.

Ya sea a través de los memorandos impuestos por la Troika a Grecia, Irlanda, Portugal o Chipre o del rescate financiero en el caso del Estado Español se está produciendo un trasvase de dinero público a las entidades financieras a costa de la pérdida de derechos básicos, el empobrecimiento generalizado de la población y el aumento de la desigualdad social en toda Europa.

Sabemos que el modelo de desarrollo insostenible de las últimas décadas basado en un alto consumo de recursos energéticos y materias primas ha llegado a su fin. Frente al crecimiento ilimitado de la economía financiera y especulativa es necesario un cambio de rumbo, pero no para salvar a los bancos sino a las personas, a las generaciones futuras y al planeta.

Este cambio de rumbo debe partir de una democratización de Europa, desde sus ciudadanos/as, para que los derechos de las personas y las decisiones políticas democráticas se impongan a la avaricia de las instituciones y mercados financieros y de las grandes multinacionales.

Cuando celebramos el segundo aniversario del 15M, de la toma de conciencia política de la ciudadanía, de los nuevos movimientos sociales que están construyendo desde abajo alternativas a las políticas neoliberales a través de las asambleas, las mareas y las plataformas, sabemos que nuestra lucha es internacional y exige la convergencia de la ciudadanía de todos los países afectados.

En Europa, diversos colectivos procedentes del Estado Español, Francia, Italia, Grecia, Chipre, Irlanda, Inglaterra, Escocia, Alemania y Eslovenia reunidos en Lisboa el pasado 26 de abril invitados por el movimiento portugués ’Que se Lixe a Troika’ hacemos un llamamiento a una protesta internacional descentralizada el próximo 1 de Junio contra las políticas de ajuste del déficit bajo el lema "Pueblos Unidos contra la troika".

Este es el comienzo de un proceso descentralizado, inclusivo y participativo. Queremos construir colectivamente, uniendo nuestras fuerzas y acciones, protestando internacionalmente contra la Troika. Llamamos a todas las personas, con o sin partido, con o sin trabajo, con o sin esperanza, a unirse a esta propuesta el próximo 1 de Junio. Apremiamos a todas las organizaciones políticas, movimientos sociales, sindicatos, partidos, colectivos, grupos informales, a unirse en esta jornada internacional.

Queremos seguir ampliando nuestras alianzas, tanto a nivel nacional como internacional, ya que somos conscientes de que sólo la suma de nuestras voces podrá detener las nuevas oleadas de recortes que se están preparando. Los pueblos de Europa han demostrado que no están dispuestos a asumir más sacrificios inútiles. Ha llegado el momento de demostrar nuestra capacidad para coordinar la lucha por otra Europa, la Europa de las personas.

De norte a sur, de este a oeste tomemos las calles en toda Europa contra la Troika.

Por la Democracia, la Libertad y los Derechos sociales. No al golpe de estado financiero. No debemos, no pagamos.

Hay alternativas. Hay soluciones:

Por la Justicia social y ambiental.

Por la Transparencia y la Democracia Participativa.

En defensa de unos Servicios Públicos y Universales.

Por una Auditoria Ciudadana de la Deuda. Contra la Deuda ilegítima.

 

 

1 de junio Manifestación Internacional MAREA EUROPEA Contra los recortes y por una verdadera Democracia.