Economía para críticos e indignados

Proposición no de ley para la reforma del sector financiero

11 de Febrero de 2011

Propuesta de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y por una Banca Pública para una proposición no de ley para una reforma alternativa del sistema financiero.

 

 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

 

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente

 

Proposición no de Ley sobre reforma del sistema financiera y creación de un Polo de Banca Pública, mediante la nacionalización de las Cajas de Ahorro y sus Bancos participados, para su debate en Pleno.

 

El gobierno se dispone a plantear ante esta Cámara medidas legislativas para la reforma del sistema financiero español. Por lo anunciado, esa reforma se fundamenta en profundizar las medidas adoptadas hasta ahora y en estimular los procesos de fusión y adquisición como única vía para garantizar la solvencia de las instituciones financieras.

 

Pero, las medidas adoptadas hasta el momento han mostrado reiteradamente su ineficacia. No solamente la situación del sistema financiero no ha mejorado, sino lo que es más importante, el crédito sigue sin fluir hacia las mayoría de las empresas españolas, especialmente aquellas en cuyo capital social no intervienen los Bancos y, sobre todo, hacia las pequeñas y medianas empresas. Tampoco llega crédito a las familias.

 

Por otra parte, el incremento del tamaño de las instituciones financieras no parece un objetivo deseable. Como ha demostrado la experiencia, el riesgo de que los problemas financieros de Bancos demasiado grandes se conviertan en riesgos sistémicos es real.

 

El papel económico que ha desarrollado históricamente la Banca en una sociedad de mercado hoy no se cumple en España y ello, pese a que todas las medidas adoptadas hasta el momento bajo el argumento de superar la crisis han tenido como beneficiario directo o indirecto al capital financiero.

 

Las ayudas directas recibidas por el sistema financiero español hasta diciembre de 2011 se estiman en 141.000 millones de euros, de los que un poco más de la mitad son avales, a los que hay que añadir la apertura de una nueva línea de avales por importe de 100.000 millones de euros mediante el Real Decreto-Ley 20/2011. En total, más del 22% del PIB destinado a ayudas a Bancos y Cajas sin que haya habido una mejora en el crédito disponible ni un cambio significativo en los gestores y en los modelos de gestión, que han producido incluso alarma social con las retribuciones, indemnizaciones y pensiones cobradas por directivos, incluidos los de las instituciones que han recibido importantes ayudas.

 

A ello hay que añadir las líneas de crédito puestas a disposición de los bancos europeos al interés oficial del dinero del BCE (1%) por importe de 500.000 millones de euros y a tres años, sin que, nuevamente, esto haya significado un incremento significativo del crédito a empresas y familias.

 

Todo ello, además, representa importantes costes para los contribuyentes en un momento en el que la crisis se agrava, el desempleo se acerca a los 5,3 millones de parados, el PIB descenderá significativamente según la previsión de Banco de España y del Fondo Monetario Internacional y las perspectivas de recesión se hacen más que probables.

 

Puede argumentarse que las ayudas y los avales a la Banca son remunerados y que el Tesoro Público recibe unos ingresos por ello. Será cierto, aunque habría que comprobar cada caso y especialmente los de las instituciones en quiebra técnica. Pero lo importante no es eso. Hay que hablar de los costes de oportunidad. ¿Qué impacto hubiera tenido sobre la economía real y el empleo y, por tanto, sobre los ingresos públicos, que estos recursos hubieran sido dedicados a políticas de empleo, a avalar a las empresas en sus proyectos de inversión o a financiar el pago de las deudas de las administraciones públicas a sus proveedores?

 

En el terreno legislativo, el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio de 2009, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de

Crédito, que creaba el Fondo de Reestructuración Bancaria; el Real Decreto-ley 11/2010 que modificaba profundamente el sistema de Cajas de Ahorro, impulsando la bancarización y privatización de las mismas, y el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, han demostrado sus limitaciones al no abordar los problemas centrales de las instituciones financieras españolas. Incluso la entrega al capital financiero privado de la mitad del ahorro y del crédito del país, que gestionaban las Cajas de Ahorro, a un precio irrisorio, operación que pasará posiblemente a la Historia como el expolio económico más gigantesco de la época contemporánea, no han resuelto la situación.

 

El rio de ayudas financieras, la entrega de los activos de las Cajas de Ahorro y las restantes modificaciones legales aplicadas hasta ahora han demostrado ser ineficaces.

 

Pero es cierto que la actual situación de profunda crisis económica ha evidenciado la necesidad de afrontar reformas del sistema financiero. El sistema financiero ha abandonado su función social a la hora de intermediar entre el ahorro y las necesidades de las familias y empresas, siendo preciso potenciar instrumentos públicos de intervención en el mercado financiero para mejorar dicha intermediación y para evitar que la crisis de la banca privada se transforme en sistémica.

 

Por otra parte, el sobreendeudamiento familiar, los desmesurados incentivos vinculados de los directivos de las instituciones financieras, la falta de crédito, los abusos en materia hipotecaria y la necesidad en justicia de modificar la legislación hipotecaria, la importancia en el balance de los Bancos y Cajas de suelo y pisos que no se podrán vender en las condiciones actuales, las elevadas comisiones, la opacidad de los productos financieros, la actividad desde y hacia los paraísos fiscales, y la enorme deuda externa de las instituciones financieras, son cuestiones que deben ser abordadas profundamente con una filosofía y un enfoque práctico diferentes a los aplicados hasta ahora.

 

No podrá fluir el crédito que necesita la economía española si no existe un polo de banca pública, desligado del modelo de operaciones financieras especulativas que han llevado al sector a la crisis, gestionado y controlado democráticamente, sometido al interés general y al servicio del desarrollo sostenible y creador de empleo de calidad.

 

No será posible una reforma del sistema financiero privado sin que se aborde su subordinación al interés general establecida en el artículo 128 de la Constitución Española.

 

Los intereses del capital financiero no pueden primar sobre las exigencias de una salida social de la actual crisis económica. Tampoco sobre los de la economía real. En el nuevo modelo económico que es necesario construir entre todos, el capital financiero no puede seguir siendo el factor dominante desde el punto de vista económico y cuya influencia política es determinante en la toma de decisiones.

 

La economía española no necesita una gran banca sobredimensionada con relación a su tamaño y necesidades, incluidas las del sector exterior. Pocas entidades privadas de gran tamaño reproducirán por su propia lógica la situación actual: seguirán actuando con exceso de riesgo porque después si hay dificultades serán “salvados” porque serán demasiado grandes para dejarlas quebrar en la lógica del mercado. Sería suicida reproducir esas condiciones y, por tanto, irresponsable aceptar esas exigencias.

 

En consecuencia, planteamos al Gobierno que el saneamiento de la Banca Privada se realice con el menor coste para el contribuyente, procediendo en primer lugar, si fuera necesario, a la venta de activos y sólo después a la intervención pública.

 

En todo caso, la intervención pública generará derechos políticos proporcionales en la dirección y gestión de las instituciones que reciban las ayudas, sin perjuicio de las competencias del Banco de España.

 

La necesidad de un polo de Banca Pública es evidente si se quiere hacer fluir el crédito. Países poco sospechosos de intervencionismo estatal, como Francia, han creado reciente un Banco de la Industria, de propiedad pública, para facilitar el crédito necesario a proyectos de inversión.

 

Afortunadamente, en España contamos con el sistema de Cajas de Ahorro, que hasta hace poco tiempo no tenía participaciones privadas, su proceso de bancarización está todavía en una fase incipiente con una limitada participación del capital privado y, en algunos casos, existen Cajas nacionalizadas de facto. La aprobación y aplicación del Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, se hizo y está haciendo sin previo debate cívico y social, y sin debate parlamentario. No ha mejorado su situación de solvencia y está en riesgo la Obra Social.

 

A lo largo de los años, las Cajas de Ahorros han promovido el ahorro popular, han universalizado el acceso a los recursos financieros, han fomentado las dinámicas empresariales y el uso de nuevas herramientas financieras, al tiempo que desarrollaban una obra social contribuyendo al bienestar social y para evitar la exclusión social, hasta convertirse en las principales entidades financieras del país, gracias a una activa participación de la sociedad civil y de las administraciones territoriales. La primera oleada de fusiones y bancarizaciones de las Cajas han producido han destruido 13.400 empleos, la mayoría mediante prejubilaciones, cuestión ésta que va en la línea opuesta de las proclamas del gobierno para alargar la edad efectiva de jubilación. Y tampoco parece la medida más eficiente ya que el coste medio es de 300.000 euros por trabajador.

 

Cabe también recordar que las obras sociales financian programas de importancia para la cohesión social. La supresión de la obra social afectaría gravemente a las políticas sociales en curso, desbordando la capacidad de las entidades y las administraciones, debilitando las herramientas que contribuyen a reducir la exclusión social y financiera de la ciudadanía. Conviene evitar que se produzca una apropiación particular de los excedentes aplicados en este ámbito y que se minoren sus recursos.

 


Por todo ello, se presenta la siguiente

 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 

 

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar un proceso para reformar profundamente el conjunto del sistema financiero español. Una parte central de esta reforma debe ser la creación de un Sistema de Banca Pública, nucleado por el Instituto de Crédito Oficial y del que formen parte las Cajas de Ahorro, los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) constituidos y sus Bancos participados, mediante su nacionalización, en aplicación del artículo 128 de la Constitución Española.

 

1.- Los objetivos esenciales de esta reforma deberán ser:

 

a)      Que el sistema financiero cumpla su función en la economía facilitando con eficiencia y a costes competitivos las necesidades de crédito de las empresas y las familias, y contribuyendo a la creación de empleo.  Para ello es imprescindible que se establezcan las necesidades reales de capital de las entidades financieras y que los estados financieros de las entidades reflejen la imagen fiel del patrimonio de las mismas.

 

b)      Limitar el sobreendeudamiento familiar; reducir los salarios de los directivos y eliminar los incentivos vinculados a las operaciones de riesgo; modificar el mercado hipotecario para que sólo se responda de los créditos con el bien hipotecado; limitar y controlar las inversiones en actividades especulativas, especialmente en el sector inmobiliario, y las operativas bancarias hacia y desde paraísos fiscales; y a eliminar comisiones injustificadas y cláusulas abusivas; establecer las medidas que impidan las actuaciones concertadas entre entidades financieras y sociedades de tasación y cuyo resultado es el incremento de precio desorbitado en suelo e inmuebles.

 

c)      Vincular las ayudas públicas directas o indirectas al flujo de crédito hacia las empresas y familias, con una especial atención a las pequeñas empresas y trabajadores autónomos; reducir y racionalizar las remuneraciones de los directivos y proteger a las personas con créditos hipotecarios firmados con la respectiva entidad.

 

d)      Fortalecer la solvencia del Fondo de Garantía de Depósitos para garantizar los ahorros de la ciudadanía.  Las nuevas funciones que se le han asignado exceden en mucho la capacidad financiera que el organismo tiene.  Resultará absolutamente imposible que con un patrimonio no comprometido inexistente pueda realizar las actuaciones dirigidas a reforzar la solvencia de las entidades de crédito y garantizar el ahorro.

 

 

e)      Exigir la plena operatividad en la dirección y la gestión de las instituciones que reciban cualquier tipo de ayuda pública de los derechos políticos correspondientes a esos fondos y garantizar así, además de con la regulación necesaria, el cumplimiento de los objetivos definidos en el punto anterior.

 

2.- Las características de la nacionalización de las Cajas de Ahorro, los SIP constituidos y sus Bancos participados serían las siguientes:

 

a)      La propiedad sería pública, pudiéndose respetar las actuales participaciones privadas de capital, desprovistas de derechos políticos y sin que estas puedan aumentar.

 

b)      El riesgo estaría mutualizado, mediante una institución tipo SIP.

 

c)      Debe asegurarse la gestión y el control democráticos, mediante la correspondiente participación de electos locales y autonómicos, representantes de los trabajadores y de los impositores. Deben establecerse mecanismos independientes de control, contrapesos de gestión y exigirse responsabilidad administrativa y penal, en su caso, a los gestores.

 

d)      El Tribunal de Cuentas debe incluir en su actuación fiscalizadora el control económico de las entidades nacionalizadas.

 

e)      Sus objetivos económicos deben ser el crédito a las empresas, con prioridad a las pequeñas y los autónomos, especialmente en proyectos vinculados a la creación de empleo, y a los autónomos. Deben estar territorializadas, garantizándose un porcentaje mínimo de crédito en función de los depósitos en cada territorio. Sus objetivos e

 

f)        En el marco de esa territorialización, respetar las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de control y regulación de las Cajas de Ahorros, sin perjuicio de que el sistema de Cajas de Ahorro pueda articularse de forma mutualizada o mancomunada.  Incorporar de manera inmediata a las Comunidades Autónomas en los espacios de toma de decisiones de la reforma del sistema financiero, atendiendo al principio de lealtad institucional, garantizando procesos transparentes y públicos.

 

g)      Deben tener prohibida cualquier actividad especulativa, limitadas las operaciones con derivados, y sin posibilidad de operar desde y hacia paraísos fiscales.

 

h)      Proteger la Obra Social de las cajas y su contribución al bienestar colectivo.

 

i)        Garantizar la conservación del empleo existente en el conjunto del Sistema.

 

j)        El parque de viviendas actualmente en su poder deberá ser traspasado a una Agencia Gestora de Vivienda Pública en Alquiler, dependiente del SIP, y constituir una oferta pública de vivienda en alquiler moderado.

 

 

 

3.- El desarrollo simultáneo de un polo complementario de banca pública que, junto a las Cajas nacionalizadas, cuente con el despliegue funcional y territorial del Instituto de Crédito Oficial, la recuperación de las fichas de bancos públicos hoy no operativos (Banco de Crédito Local, Banco Hipotecario, etc.), la renacionalización de la Banca Postal y el despliegue de las Agencias de Inversión de las Comunidades Autónomas.

 

4.- Revisar la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, modificando las competencias y funciones del Gobernador del Banco de España con el objeto de asegurar su supervisión e intervención en el sistema financiero. Concretar y dotar de mayor especificidad las causas de cese previstas en caso de incumplimiento de sus funciones.” Como consecuencia del demostrable incumplimiento grave de las obligaciones del Gobernador del Banco de España, acordar la separación de su cargo.

 

 

 

 

 

 

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: