Economía para críticos e indignados

La necesidad de una banca pública bajo control democrático

6 de Julio de 2012

Plataforma por la nacionalización de las cajas de ahorro y por una banca pública

 

La Audiencia Nacional ha admitido la querella contra los integrantes de los consejos de administración de Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), porque ve indicios de delito en su actuación. Esta medida da la razón a quienes llevamos tiempo denunciando lo que estaba sucediendo en Bankia (y en todo el sector financiero). Deben depurarse las responsabilidades pertinentes de todos los que han capitaneado las entidades financieras, y Bankia sólo debería ser el principio. Además, el juicio es una ocasión para plantear una alternativa que resuelva el problema de raíz y evitar que vayamos de crisis en crisis para que, al final,”paguen el pato” los de siempre.

 

La Plataforma denunció hace ya más de un año que la creación del BFA y de Bankia era una operación desastrosa, que sólo perseguía la privatización y bancarización definitiva de Caja Madrid y el resto de las cajas implicadas.

También pusimos en evidencia que su salida a Bolsa se hacía con una información contable que trataba de ocultar la realidad de la entidad, que ya entonces estaba en una situación de quiebra (ver informe1). Los hechos han demostrado que teníamos razón, pero la consultora privada que elaboró el informe, Deloitte, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dieron por buena la contabilidad de la entidad y permitieron su salida a Bolsa. Sin su respaldo esta situación jamás se hubiera podido producir.

Igualmente, hace meses denunciamos que BFA-Bankia tenía ayudas públicas del Estado por importe de más de 30.000 millones y préstamos del Banco Central Europeo por importe de 40.000 millones de euros. A esa enorme cantidad, se sumarán los 19.000 millones de euros pedidos por el nuevo Consejo de Administración.

Las intenciones del gobierno actual, y del anterior, del Banco de España, y de las sucesivas directivas de BFA-Bankia no es otra que la privatización de una entidad que supone un 10% del sistema financiero estatal, con unos 165.000 millones de euros en depósitos de ciudadanos. Pero para que esta operación saliese bien había que garantizar que las deudas incobrables acumuladas durante años de especulación e inversión en proyectos ruinosos para la sociedad (aunque muy rentables para unos pocos), se “saneasen” con dinero público.

Sin embargo, el agujero en las cuentas de la entidad es de tal calado que no han encontrado la forma de hacer eso discretamente. Han tenido que nacionalizar parcialmente la entidad para evitar su quiebra y van a tener que seguir inyectándole enormes sumas de dinero público si quieren sanearla definitivamente. Y, claro, es muy difícil explicarle a millones de ciudadanos, mayoritariamente trabajadores, que ven cómo la sanidad, la educación y los servicios públicos se recortan drásticamente pero hay miles de millones para los bancos.

Y, como ha denunciado nuestra plataforma desde el primer día, la situación de BFA-Bankia es, en lo fundamental, la de todo el sistema financiero que tiene más deudas, tras años de especulación, que recursos para pagarlas y que si no está definitivamente en quiebra es porque está recibiendo enormes sumas de dinero público del Estado o del Banco Central Europeo. De hecho, al rescate a Bankia le ha seguido el del conjunto del sector financiero. Todos los directivos y grandes accionistas de los bancos y cajas deberían sentarse en el banquillo de los acusados y asumir sus responsabilidades.

En consecuencia, la Plataforma quiere manifestar en relación a BFA-Bankia lo siguiente:

- Que la Audiencia Nacional investigue hasta las últimas consecuencias la actuación de los directivos de BFA-Bankia y de las entidades responsables de su supervisión (Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores).

- Que se reviertan todas las medidas legales que han abierto la puerta a la privatización-bancarización de las Cajas, y que han alentado esta desastrosa situación.

- Que se proceda a la nacionalización integral y permanente de BFA-Bankia y de las cajas que integrantes, para convertirlas en el primer banco de la nueva Banca Pública. A la hora de efectuar la nacionalización se debe tener en cuenta tanto el valor de mercado de la entidad como las deudas que acumula, para proteger los intereses de los contribuyentes y de los impositores de la entidad. Los primeros que deben hacer frente a las deudas de la entidad son sus accionistas. No obstante, deben apoyarse todas las reclamaciones ante la justicia de aquellos ciudadanos que han sido engañados para que adquirieran participaciones preferentes y otros productos financieros de riesgo, para que puedan recuperar su dinero.

- Que se realice una auditoría por técnicos de la administración del Estado y del Banco de España, que no hayan formado parte de los consejos de administración de las entidades financieras, para que emitan un informe público y redactado de forma entendible por toda la ciudadanía, que nos permita saber cuál es la situación real de la entidad. La auditoría debería alcanzar a todas las empresas integrantes del grupo BFA-Bankia, y a las grandes empresas beneficiarias de créditos de la entidad. A partir de ahí, se puede establecer qué deudas hay que pagar y que deuda debe ser considerada ilegítima, así como la cuantía.

- Que se paralicen todos los procesos de desahucios que afecten a familias con dificultades para hacer frente al pago de su primera vivienda, integrando sus viviendas en un parque público y que sigan viviendo en ellas a cambio de un alquiler mensual acorde con sus posibilidades.

- Que se condonen todas las deudas hipotecarias de familias desahuciadas, aplicando la dación en pago con carácter retroactivo.

- Que todo el parque de viviendas y suelo de la entidad se incorporen a un parque público de vivienda en régimen exclusivo de alquiler a precios realmente asequibles, que permita el cumplimiento del derecho a vivienda para todos.

- Que todas las participaciones en empresas de la entidad se transformen en participaciones públicas en las mismas, en compensación por las ayudas públicas que está recibiendo la entidad, que, a su vez, dejaría de actuar como accionista en empresas.

- Que se intervengan todas las cuentas de entidades que formen parte del grupo BFA-Bankia en paraísos fiscales, para su repatriación y posterior cierre. La banca pública no podrá abrir sucursales en paraísos fiscales.

- Que la entidad recupere su vinculación territorial, pasando su actuación a estar coordinada con las diferentes administraciones, formando parte de sus planes de desarrollo económico y social. Su prioridad será que los ahorros de la sociedad se gestionen en beneficio de la sociedad, con criterios de eficiencia económica y social. El desarrollo del sector público en todos los terrenos, desde los servicios sociales a la industria, pasando por la sanidad y la educación, debe ser constituirse en el motor decisivo para alcanzar el pleno empleo, digno y de calidad, y para un desarrollo económico que no expolie y agote los recursos naturales. Para ello es imprescindible una fuerte banca pública.

- Que la Obra Social, cuya utilidad social quede acreditada, se incorpore mediante un proceso adecuado a los servicios sociales de las diferentes administraciones.

- Que se garanticen unas buenas condiciones a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan domiciliada la nómina en la entidad.

- Que se habilite una línea de crédito en una cuantía suficiente para pequeñas y medianas empresas.

- Que cese el despido de trabajadores y trabajadoras, tanto de la parte financieras como de su Obra Social y fundaciones. Es necesario defender los puestos de trabajo, en condiciones dignas, además de que existan medios para una atención adecuada a los impositores de la entidad.

- Que se establezca una nueva estructura de dirección realmente democrática a partir de los siguientes criterios:

- Elección democrática y transparente de todos los integrantes de la misma.

- Limitación drástica de los salarios de todos los directivos al salario de un trabajador público equivalente.

- Prohibición de formar parte de la dirección a cualquier persona que haya formado parte de los consejos de administración de otras entidades financieras durante los últimos 10 años.

- Limitación drástica de mandatos. Nadie podrá integrar los consejos de administración de la entidades más de 4 años consecutivos.

- Obligación de rendir cuentas anual y públicamente, en los parlamentos de las diferentes comunidades y central, en un lenguaje accesible para todos los ciudadanos.

 

Finalmente, la situación de Bankia no puede resolverse de forma aislada del resto del sector financiero y del conjunto de la economía. Debe auditarse el conjunto del sector financiero con los criterios que reclamamos para BFA-Bankia, y dejar de tirar dinero público a un pozo sin fondo y sin contrapartidas reales.

El conjunto de las antiguas cajas, que suponen la mitad del sistema financiero estatal, deben ser nacionalizadas, no para volver a funcionar como lo hacían las cajas y aún menos para sanearlas y luego regalárselas a los bancos privados, sino para que funcionen como una verdadera banca pública, controlada democráticamente y con una finalidad social.

La banca privada no está mejor que las antiguas cajas y también está recibiendo miles de millones de euros en ayudas, por lo que estas ayudas deben dar lugar a la entrada de representantes públicos en sus órganos de gestión.

Las medidas antes expuestas deben generalizarse al conjunto del sector financiero puesto que, al fin y a la postre, lo que hace es administrar los ahorros de la sociedad. Igual que no queremos dejar en manos privadas la gestión de la sanidad o la educación, no podemos dejar en manos privadas la gestión de nuestros ahorros, pues esta crisis ha demostrado que la gestión en busca del “máximo interés privado” se acaba convirtiendo en el “máximo desastre social”.

Finalmente, el caso de Bankia saca a relucir las equivocaciones de la propia izquierda sindical y política cuando una mayoría de sus direcciones ha respaldado la privatización de las cajas y la gestión de estos años pasados. Es necesario depurar todas las responsabilidades y cambiar drásticamente de política. Llamamos a todos los sindicatos y partidos de la izquierda, y al resto de los movimientos sociales a que respalden, difundan estas propuestas y movilicen en su apoyo, como parte imprescindible de una política alternativa a los recortes de derechos que sufrimos.

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: